La CEPAL dio a conocer ayer su relevamiento para 2011 de la inversión externa directa en América Latina y el Caribe. El esperado listado nos permite hacer dos constataciones:

a) Argentina recibió apenas el 4.7% de los fondos invertidos por EEUU, la UE, Japón, China y el resto del mundo en la región, muchísimo menos que Brasil, proporcionalmente muchísimo menos que Chile, menos que Colombia, y por tercer años consecutivo también menos que Perú;

b) el notable atractivo que ejercen sobre los inversores Chile, Colombia y Perú (el primero y el tercero, con tratados de libre comercio con EEUU, y el segundo, aprontándose para su sanción por el Congreso norteamericano). Kicillof, el cerebro económico del segundo gobierno de la Sra. de Kirchner, debería explicarnos la razón por la cual el modelo productivo de matriz diversificada hace agua en un aspecto decisivo.

        Inversión Externa Directa en América Latina y el Caribe - 2011

           Evolución de la Inversión Externa Directa en 2008-2011 (u$s millones)

En 2011 la región recibió fondos de inversión directa (fábricas, infraestructura energética, bancos, compañías de seguros) por un monto récord (histórico) de u$s 153.000 millones, un 27% mayor que en 2010. De la UE fluye un promedio anual de u$s 30.000 millones, que se dirige principalmente a empresas de energía eléctrica y bancos. La sistemática hostilidad del gobierno K para con las "privatizadas" y la banca explica el fracaso del país como polo de atracción de capitales, de la tecnología que viene metida en las máquinas y de la capacidad organizativa que ofrece el management extranjero.

Actualizo las estadísticas sobre inversión externa directa porque son un indicador clave. Reflejan con mucha sensibilidad lo que piensan los inversores y empresarios de los países avanzados sobre la seguridad jurídica y la calidad institucional del país. Reflejan, asimismo, el progreso relativo de los países de la región. Los países abiertos (Chile, Colombia y Perú) progresan a pasos agigantados. Brasil también lo hace en razón de su estabilidad monetaria y legal y de su muy grande mercado interno.

La inversión externa directa y la prima de riesgo país están altamente correlacionadas. La IED explica en buena medida la demanda de personal calificado en ciencias económicas (economistas, expertos en finanzas, evaluadores de proyectos de inversión, administradores). La contracción de la demanda de los servicios de estos profesionales en los últimos diez años es marcada. La política exterior y la política económica, que no es independiente de la primera, condicionan de esta forma las oportunidades de trabajo y los honorarios y los sueldos que cobran dichos profesionales. Mientras no cambie el régimen político-económico no habrá mejora auténtica y generalizada para ellos. Tampoco realmente para los que ahora creen estar bien. (Vea El fracaso económico K.)

Cumplí 18 años, me subí a un tren, aparecí en La Plata, me inscribí en la facultad de Ciencias Económicas, salí a la calle y quedé aprisionado en el mundo que patentiza la fotografía de abajo. Esta imagen me acompaña hace 40 años. Corresponde a una sociedad en permanente estado de alerta y movilización. Que busca su destino a la luz de discursos poblados de slogans y prejuicios, al son de redobles de tambores, que toma aliento en incesantes cánticos: ¡FAEP-FULP-FUA, la lucha continúa! ¡Si Evita viviera, sería montonera! ¡Patria sí, colonia no!

La fotografía capta el ambiente descripto. Está la multitud pobre de ideas pero desafiante, llena de expectativas que pronto quedarán frustradas. Si se quiere, hay una diferencia entre esta foto y la de 1972; ahora Cristina ocupa el atril del orador y antes estaba perdida en la multitud. Pero qué importa esto si el país está detenido en el tiempo. Es trágico formar parte de una sociedad cuyos valores uno no comparte.

 La Nación, sábado 28 de abril de 2012

Hace unos días, un diario norteamericano publicó una frase inolvidable por lo cierta. Con respecto a la confiscación de YPF, destacó "la insuperable capacidad de los argentinos para repetir errores". Otro importante diario extranjero subrayó la incapacidad argentina para aprender de la propia experiencia. Cualquiera de nosotros, de cierta edad o que haya leído la historia argentina desde Lanusse, puede dar fe de que la opinión extranjera sobre la prolongada adolescencia argentina no es exagerada. Los grandes países, nuestros vecinos, muchos argentinos que vivimos aquí, estamos desconcertados. ¿A qué se debe esta supina incapacidad para madurar en cuestiones colectivas, tales como la violencia callejera, la organización político-económica o la inserción internacional?

No tengo una respuesta para esa pregunta. Aunque me guía un pensamiento. Los argentinos estamos pagando la factura de los años 70. El gobierno militar aniquiló la subversión marxista (Montoneros, ERP). Y lo hizo por afuera de la ley, sin respetar el debido proceso. Sobre este soporte moral, empujados por el boom de los precios de las commodities de exportación, gobiernan desde 2003 los montoneros que fueron derrotados a fines de aquella década. La parte liberal, democrática y capitalista de la sociedad argentina debe pagar la factura como quien paga una deuda histórica. Hay que aguantar. A fin de no generar reclamos cuando se abra una nueva etapa.

¡Feliz día del trabajador!

Para defininir la confiscación de YPF anunciada por la presidente Kirchner el pasado lunes 16, no encontré mejor síntesis que las declaraciones del canciller español. A los pocos minutos del anuncio, el canciller señaló que la decisión es pésima para España, pésima para Argentina y pésima para el sistema jurídico internacional, pero que, por sobre todas las cosas, es pésima para el pueblo argentino.

La confiscación de YPF es el acto más descarado e irresponsable tomado por los Kirchner desde que llegaron al gobierno nacional, hace ya nueve larguísimos años. Supera en daño económico, institucional y de imagen internacional a la tribuna que le armó el expresidente Kirchner a Hugo Chávez en 2005, en Mar del Plata, para que insultara al entonces presidente Bush, al grito bárbaro de ¡ALCA, ALCA, al carajo! Supera incluso en daño económico e institucional a la estatización de las AFJP, ejecutada en 2008 en contra de la opinión de los aportantes al sistema privado de jubilaciones.

Con gran tristeza y desesperanza he escuchado y leído muchas opiniones sobre la confiscación. Los funcionarios de todo rango y los legisladores celebran la decisión presidencial, y cuando se les pide que la justifiquen se limitan a repetir los argumentos de la presidente: que la inversión se desplomó, que la producción cayó, que Argentina en lugar de exportar hidrocarburos ahora los importa y que el déficit energético es intolerablemente alto. Por su parte, los analistas políticos y económicos se limitan a describir asépticamente la medida y a señalar, como si fuera un gran aporte, que ellos la "veían venir". A su vez, Macri y el PRO se oponen a la expropiación por razones legales pero se apuran a aclarar que de llegar a la presidencia en 2015 no reprivatizarán YPF. Por último, como frutilla del postre, Menem anunció que votaría a favor de la confiscación puesto que las circunstancias han cambiado; no aclara, por cierto, a qué circunstancias se refiere, si a las del país o a las suyas.

Pero la confiscación de YPF merece una descalificación contundente, pues es un desastre jurídico, un desastre económico y un desastre internacional. El fondo y las formas de este acto de salvajismo revelan que en el gobierno argentino reina una escalofriante desubicación, demagogia, inmadurez o vaya uno a saber qué.

El gobierno sostiene que "expropia" YPF porque: a) Repsol vació la empresa, b) Repsol bajó la inversión, la producción y la exportación, y c) la nueva YPF estatal aumentará la inversión y la producción y equilibrará la balanza energética.

Sobre a) El gobierno argentino vendió YPF en 1999 y Repsol la compró de buena fe y por un monto que ambas partes consideraron justo. El 57% de YPF pasó a ser de esta manera propiedad de Repsol, conforme a la Constitución argentina, la ley internacional y tratados bilaterales de protección de las inversiones. Una empresa puede hacer con su propiedad lo que le parezca más conveniente. Puede explotarla bien o mal. Puede venderla en su totalidad o en partes. Puede incluso cerrarla o vaciarla, como dice con horror la señora presidente. Vaciar una empresa significa distribuir entre los propietarios todos sus beneficios sin dejar margen para la reinversión. Lo que no se preguntan la Sra. de Kirchner y sus seguidores, ni Macri ni Menem, es por qué poderoso motivo una empresa constituida para el lucro habría optado por distribuir beneficios y reducir inversiones imprescindibles para el mantenimiento de su negocio. Esta es la pregunta clave. Nadie, dentro del estado argentino, se la ha formulado.

Sobre b) Todo el mundo quiere ganar plata. Argentinos y extranjeros, la industria petrolera y cualquier otra. Para ganarla deben cumplirse dos condiciones, aparte de una buena gestión. Un precio remunerativo para la producción y un plazo de recupero de las inversiones tan prolongado como lo exija el negocio. Ninguna de estas condiciones se cumplía en el caso de Repsol. Por su petróleo recibía un 40% del precio internacional y por su gas, menos de un 30%. El plazo de recupero, o la estabilidad del negocio, era tan precaria que ya en 2008 se vio forzada a ceder a la familia Eskenazi un 25% de las acciones de la empresa por presión del expresidente Kirchner. En declaraciones públicas de entonces, Repsol aclaró que tomaba esa decisión con el objeto de tener mejores contactos en el gobierno nacional. ¿Cuál es la conducta de cualquier empresario en circunstancias como las descriptas y las que siguieron? ¿Es racional intensificar la inversión y la producción? ¿Qué haría cualquiera de nosotros sino distribuir más dividendos que los generados, minimizar la inversión y apostar a un cambio realista de la política energética? Esto hizo Repsol.

Sobre c) Inicié mi vida profesional como funcionario de carrera de la Secretaría de Hacienda a fines de la década de 1970. YPF era entonces una empresa del estado. Recuerdo muy bien que una de las grandes preocupaciones que sobrevolaban las reuniones de preparación del presupuesto nacional era el gasto en inversión en exploración de pozos que demandaría YPF. Hasta su privatización, el déficit de YPF fue parte importante del déficit fiscal argentino; desde ella, YPF fue el mayor contribuyente de los gobiernos nacional y provinciales. Vaticino que muy pronto YPF será, una vez más, parte significativa del déficit fiscal nacional. Que la cantidad de empleados crecerá desmesuradamente. Que será desplumada por la patria contratista y la patria sindical. Y que a la larga también será desplumada por los consumidores, pues el gobierno nacional los verá como votantes y no se atreverá a cobrarles por los combustibles lo que cuestan. No tengo mucho más que decir en relación con las empresas del estado que lo que dije en 2003 en un debate con el ahora canciller Timerman.

Estoy cansado. Espero que la señora de Kirchner se vaya cuanto antes con el menor daño institucional posible. Este es mi deseo más ferviente.

A fines de marzo, Argentina recibió una dura advertencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) por el sistema de trabas que aplica a las importaciones de mercaderías, que en los últimos seis meses se ha vuelto más arbitrario y generalizado. En medios diplomáticos se interpreta que la advertencia podría ser el paso previo a una denuncia formal, después de la cual se adoptarían sanciones contra el país.

EEUU, Australia, Unión Europea, Israel, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Suiza, Taipei, Tailandia y Turquía firmaron la advertencia. Estos países representan más del 70% del PBI mundial; en otras palabras, más del 70% de los mercados del mundo que podrían recibir exportaciones argentinas. A la advertencia de este significativo grupo, se suman las preocupaciones de Chile, Colombia, Perú, Singapur, Malasia y Hong Kong sobre el tema.

Entre otras observaciones, los firmantes señalaron que: a) Todo indica que el nuevo sistema funciona como un esquema de facto de restricción de importaciones sobre todos los productos; b) Muchas compañías afirman haber recibido llamadas telefónicas del gobierno argentino para advertirles sobre la necesidad de aceptar el nuevo sistema antes de recibir la autorización para importar bienes; c) Muchas compañías afirman haber tenido que esperar hasta seis meses y más. En algunos casos, las licencias les son denegadas en su totalidad, sin justificación o explicación; d) La advertencia no es una decisión intempestiva. Ya en reuniones anteriores muchos miembros de la OMC plantearon la necesidad de eliminar esas trabas.

El gobierno argentino rechazó en forma terminante el contenido de dicha declaración conjunta y la calificó de injustificada. Entre otros sinsentidos, la secretaria de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería dijo que la advertencia "estigmatiza a nuestro país y pretende presionarnos para revisar las legítimas políticas en curso". Estos conceptos surgen del documento de la intervención de la funcionaria argentina en la reunión de la OMC en Ginebra que se procuró el diario La Nación.

En efecto, la advertencia de la OMC estigmatiza a nuestro país y tiene como propósito obligarlo a revisar sus relaciones comerciales con el resto del mundo. Lo que la funcionaria kirchnerista cree inapropiado constituye quizá la política más apropiada para un país institucionalmente imprevisible como Argentina. La exigencia de que el país cumpla las normas comerciales que alguna vez suscribió es el mejor favor que la OMC puede hacer a los indefensos consmidores argentinos y también a sus indefensos exportadores, tanto agropecuarias como manufactureras.

Cuando Argentina acordó con la OMC, Argentina, en rigor, aceptó recortar parte de su soberanía en el campo de la política comercial. La pertenencia a la OMC es un sustituto liviano de un tratado de libre comercio con una superpotencia. Prefiero un acuerdo con la OMC a la nada. Aunque sigo pronosticando que el poder estabilizador sobre la economía argentina de un tratado de libre comercio con EEUU, China y/o la Unión Europea sería inmensamente mayor.

¿Surtirá algún efecto la advertencia de la OMC sobre la política comercial kirchnerista? Soy pesimista. Quizá tenga alguno a la larga. Le dedico este post, sin embargo, porque la advertencia es un buen ejemplo de lo que Juan B. Alberdi quería significar con su lema sobre la "fuerza de las cosas".

James Buchanan, un economista-filósofo que cada día leo y admiro más, escribió hace poco que la suerte del capitalismo en un país depende de que los ciudadanos, en su mayoría, a) tengan confianza en sí mismos en lugar de esperarlo todo del Estado; b) rechacen el comportamiento oportunista por razones morales o bien porque la ley lo penaliza, y c) no sean tontos románticos en cuestiones económicas; en otras palabras, que entiendan que las devaluaciones, el proteccionismo, el estatismo y otras groseras intervenciones oficiales en la economía atentan contra su progreso material. Para mejorar la comprensión económica de la ciudadanía, Buchanan propone que la currícula de las escuelas incluya cursos de economía política junto a los tradicionales cursos de educación democrática.

La prosperidad económica argentina sería, entonces, el producto de la fuerza de las cosas (organismos supranacionales y superpotencias que nos arrinconan hasta obligarnos a cumplir, por caso, acuerdos monetarios, bancarios y comerciales) o el producto de la receta de Buchanan. El recurso de la fuerza de las cosas tendría impacto ya en el corto plazo y no exigiría un aprendizaje previo; es la propuesta de Alberdi. La propuesta de Buchanan tendría impacto recién en el largo plazo por la vía del aprendizaje.

Como es sabido, me inclino por el recurso de la fuerza de las cosas. La propuesta de Buchanan, que tiene alguna filiación con el pensamiento de Domingo F. Sarmiento, me parece riesgosa y costosa; puede demandar varias generaciones para ser efectiva, si alguna vez llegara a serlo. Por nobleza democrática, no obstante, mi plan es estudiarla con entusiasmo.

Hace unos días, un lector del blog me envió una carta de Benito Mussolini al ingeniero Romeo. En los años 20, Mussolini ya era el Duce y Romeo era uno de los directores de la fábrica Alfa Romeo. El Duce acostumbraba desplazarse en un Alfa o en un Lancia, ambos autos caros y de gran porte. Acertadamente, el lector señala que "la carta es una mezcla de horror y obra de arte" y pregunta "¿a cuántos políticos populistas-mercantilistas te recuerda?" En su opinión, a "demasiados del pasado y el presente". Y agrega que le resulta divertido que funcionarios del actual gobierno argentino "usen el lenguaje de las décadas de 1920-30 como si estuvieran descubriendo la pólvora". Sigue abajo la carta y más abajo su traducción.

Traducción propia

          Roma, 9 de junio de 1926

El Jefe del Gobierno

       Prestigiosísimo Ing. Romeo,

   ayer volviendo de Florencia miré con atención los instrumentos de mi Alfa (que funciona, por otra parte, muy bien) e hice las siguientes constataciones:

   a) los imanes son alemanes (Bosch)

   b) el reloj es suizo

   c) la bocina (que no funciona) es francesa!

   ¡No excluyo que dentro del auto haya otros "exotismos"!

   ¿Es así que se protege a los productos nacionales? ¿No se hacen, entonces, en Italia imanes, relojes, bocinas?

   Saludos distinguidos.

                                                           Mussolini

Hace unos días, el Gobierno mandó al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Contempla dos cambios para nada inocentes y para nada originales. El país ya conoció regímenes como el que ahora se quiere instaurar. Son las reformas de 1946 (primer peronismo), de 1973 (segundo peronismo) y de 1982 (cavallazo). (Vea páginas 8 y 9 de Internacionalización monetaria y bancaria.)

La primera reforma apunta a barrer definitivamente el límite que imponía la Carta Orgánica sancionada poco después de la hiperinflación de 1989 a la emisión de dinero para cubrir los déficits del Tesoro nacional. La segunda reforma apunta a centralizar o nacionalizar los depósitos bancarios. Esto le permitiría al Gobierno regular las tasas de interés y "orientar" el crédito según prioridades regionales o sectoriales que el Gobierno considere adecuadas, en tanto el encaje tiende a 100% y los bancos se transforman en simples bocas de captación de depósitos. El esquema fracasó siempre. Y para desarmarlo fueron necesarios muchos años de alta inflación. Conduce al reino de la discrecionalidad, el lobby y la corrupción y, desde luego, a una marcada ineficiencia. Es triste comprobar que nada cambia en materia de organización económica básica en nuestro país, no obstante el peso de una rica evidencia histórica.

En junio de 2009 publiqué mi último post sobre el tipo de cambio de conversión. Este concepto alude al nivel que debería tener el tipo de cambio para que el BCRA pueda retirar todos sus pasivos contra terceros, es decir, los pasivos monetarios y los no monetarios. Los primeros salen de sumar el circulante y los encajes sobre depósitos bancarios. Los segundos, de sumar deudas no monetarias del Banco Central (Lebacs, Nobacs y Pases pasivos). A fin de evitar grandes saltos del tipo de cambio, el BCRA siguió desde 2002 el precepto fundamental de la Ley de Convertibilidad: asegurarse que sus pasivos monetarios estuvieran respaldados en un 100% por reservas internacionales. Con el fin de tener alguna chance de actuar como prestamista de última instancia del sistema bancario, se aseguró, asimismo, de que buena parte de los pasivos no monetarios tuviera respaldo en dólares. Por esta razón, fue colocando sin prisa pero sin pausa deuda en los bancos.

Con cada colocación de deuda en los bancos, el BCRA contraía la oferta de dinero y generaba una presión alcista sobre la tasa de interés. Esto conducía a liquidaciones de dólares en el mercado de cambios, que el Banco Central compraba con emisión monetaria y acumulaba. Subían así, en simultáneo y en igual medida, los activos del balance del BCRA (reservas intern’les) y los pasivos (Lebacs, Nobacs y Pases pasivos). En síntesis, desde mediados de la década pasada el BCRA ha estado subiendo el encaje (en sentido amplio) del sistema bancario como forma de hacerlo más resistente a las corridas. También ha querido mostrarle al mercado que su posición de reservas es muy sólida. Pero lo ha conseguido al costo de "alquilar reservas", pues las letras y las notas que colocó en los bancos le cuestan cerca de un 12% anual en pesos. Esta deuda es un encaje remunerado. El proceso seguido por el BCRA en años recientes es parecido al que siguiera durante el gobierno de Alfonsín y que rematara en un déficit cuasi fiscal más grande que el mismo déficit fiscal. (Vea el crecimiento del encaje remunerado en el post del párrafo anterior y lea sobre la política monetaria y bancaria de Alfonsín en el paper citado en el primer párrafo.)

Aclaración: Los valores de la fila A expresan millones de dólares. Los de las filas B a D, millones de pesos.

La tabla muestra la evolución del tipo de cambio de conversión en los últimos tres años. A fines de 2009, con un tipo de cambio de 3.56 pesos por dólar, muy cercano al tipo de cambio único y libre que había entonces, el BCRA podía, llegada una emergencia, sacar de circulación o cancelar todos sus pasivos (monetarios y no monetarios; base monetaria y deuda cuasi-fiscal). En consecuencia, era muy improbable una corrida cambiaria; el mercado no corre contra una moneda que el banco central puede defender fácilmente. Hace un año, la situación había cambiado mucho. El TCC había saltado a 4.90, bien por encima del tipo de cambio spot, que seguía siendo único y libre y que rondaba 4 pesos por dólar. Esto significa que para retirar todos sus pasivos el BCRA necesitaba devaluar el peso más de un 20%.

En la actualidad, según recientes estadísticas del BCRA, para retirar todos sus pasivos el Banco Central necesita un tipo de cambio, que ha dejado de ser único y libre (hay mercado doble, oficial y marginal), de 6.76 pesos por dólar. Dicho en otros términos, en caso de una emergencia, el tipo de cambio marginal, negro, paralelo o libre, tendería a elevarse un 44% con respecto al tipo marginal actual (4.71 pesos por dólar). Tal desarrollo agrandaría la brecha entre el marginal y el oficial de un 8% en la actualidad a un 55% (el tipo de cambio oficial es 4.36 pesos por dólar). Hasta donde yo sé, no hay gobierno que aguante una brecha tan grande. Tarde o temprano, el BCRA se vería forzado a devaluar para aproximar el tipo oficial al marginal. (Sobre la larga y variadísima historia del control cambiario argentino, vea El Control de Cambios en la Argentina.)

El tipo de cambio de conversión es una variable sin mucha prensa, tal como era la prima de riesgo-país hace unos quince años. El mercado no lo conoce por su nombre pero sabe perfectamente de qué se trata. La noción del TCC está gravada a fuego en la mente de los inversores argentinos. Todas las semanas calculan el cociente entre los pasivos totales (base monetaria + Lebacs + Nobacs + Pases pasivos) y las reservas intern’les, o entre parte de dichos pasivos (base monetaria + Lebacs, por ejemplo) y las reservas. Cada uno elige el cociente que le parece más adecuado para la coyuntura del país, y en función del mismo toma sus decisiones de cartera. Yo me inclino por TCC4, que aparece en rojo en la tabla.

La última columna muestra una aproximación al cuadro de situación que resultaría si el Gobierno decidiera tomar 5000 millones de las reservas intern’les, emitir moneda nacional en cantidad equivalente, o practicar una mezcla de ambas políticas. Mi ejemplo no es antojadizo. Refleja la pretensión del Gobierno. En este caso, el TCC se elevaría a 7.57 pesos por dólar y se armaría el escenario de una potencial maxi-devaluación.

En dos palabras, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA es, en cuanto a la eliminación del límite a la emisión de moneda, un simple blanqueo que viene a darle forma jurídica a una situación de creciente cautiverio del banco central. Pero en cuanto a la reforma bancaria en sí misma, es una muy mala noticia.

Ante el irrefrenable avance del kirchnerismo sobre los mercados y la propiedad privada, un periodista valiente y preocupado me invitó a hablar sobre los beneficios de los mercados y su relación con la propiedad privada. Como el reportaje fue oral y se fue mezclando con la quemante coyuntura, preparé estas líneas que sintetizan lo que me proponía decir.

Conforme a la precisa definición de Adam Smith, “el mercado es una suma libremente coordinada de egoísmos (intereses) personales que maximiza el bienestar general.”

Note en la magistral definición de Smith dos aspectos: a) Que el egoísmo opera a favor del bienestar general; b) Que lo hace por medio de los mercados. De forma que el mercado es un instrumento para llevar a cabo intercambios mutuamente ventajosos, que benefician a ambas partes. En una transacción, tanto el vendedor como el comprador entregan cosas que para cada uno de ellos son menos valiosas que las cosas que reciben.

Para el vendedor, el precio cobrado es mayor o igual al costo de la cosa entregada. Para el comprador, el precio pagado es menor o igual al valor de la cosa recibida (dinero, producto o servicio).

Valoramos los mercados porque aumentan la eficiencia (riqueza) de una sociedad, y porque fijan un límite a la injerencia y la arbitrariedad del estado. Ambas razones son importantes. Pero la última es la justificación moral del capitalismo. Advierta que el mercado protege al hombre del hombre mismo (mafias enquistadas en el poder). No lo hace de manera directa y heroica, sino de un modo indirecto e impersonal. Una privatización, una desregulación, una reducción del gasto público o una rebaja arancelaria agrandan el campo de acción del mercado (los individuos) y achican, pari passu, el del gobierno.

Según una precisa definición de Ayn Rand, el mercado y la propiedad privada son la misma cosa. Más que una definición, tenemos aquí un axioma: “Si un individuo no puede disponer del producto de su esfuerzo, no puede disponer de su esfuerzo. Si no puede disponer de su esfuerzo, no puede disponer de su vida. Por tanto, sin el derecho de propiedad ningún otro derecho puede ser ejercido.” El derecho de propiedad es entonces condición suficiente para la libertad, de la cual los mercados son una consecuencia.

El pasado 23 de febrero, Felipe Frydman, diplomático y economista argentino, publicó en Ambito Financiero un importante artículo. Apareció perdido en las últimas páginas del diario y me parece que poca gente reparó en él.

En dos palabras, el artículo comenta el impacto que ha tenido sobre la industria norteamericana la entrada de vigor del NAFTA (acuerdo de libre comercio con Canadá y México), así como la Ronda Uruguay (1995) y el ingreso de China en la OMC (2001). La participación de la industria en el PBI de EEUU se ha reducido sostenidamente desde 27% en la década de 1960 a 12% en 2010. En paralelo, se ha registrado una explosión del comercio entre EEUU y dichos países, en tanto el empleo y el salario industrial se han estancado. El estancamiento del salario industrial en los últimos 30-40 años se debe a que las manufacturas provenientes de China y México han planchado los precios de los productos norteamericanos que compiten con ellas, y como este tipo de manufacturas son intensivas en el uso de mano de obra de baja calificación, los salarios, como cabía esperar, se han estancado. Por si esto fuera poco, la balanza comercial norteamericana se ha vuelto deficitaria.

Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué motivo los sucesivos gobiernos de EEUU perseveran en la apertura comercial? La respuesta hace hincapié en algunos importantes beneficios que se han hecho evidentes en los últimos 30 años. Por un lado, la mayor variedad, mejor calidad y menor precio de los productos que la apertura comercial ha puesto al alcance de los consumidores. Por el otro, el sostenido aumento de la productividad laboral y el empleo en el sector servicios, el cual representa cerca de 80% del PBI de EEUU. Además del aumento de las ganancias de las empresas norteamericanas que se relocalizaron en México, Canadá y China.

Sí, la apertura, que es lo opuesto a la sustitución de importaciones que ejecuta el secretario Moreno con el aplauso de los popes de la Unión Industrial Argentina, le ha acarreado a EEUU desindustrialzación, estancamiento salarial en la industria y, para algunos observadores equivocados, un enorme déficit comercial. Sin embargo, la política aperturista de EEUU no se detiene. Responde a convicciones capaces de imponerse a las presiones proteccionistas de los sindicatos y los industriales afectados. Lo que realmente cuenta para la opinión pública norteamericana son los beneficios del comercio libre. Los políticos no tienen más alternativa que seguir a la opinión pública.

Desde luego, los popes de la UIA ya lo adivinaron. Para maximizar sus beneficios sin que la gente se dé cuenta, saben que lo que deben hacer es apoyar a políticos populistas y economistas ignorantes de los principios económicos básicos, o simplemente mal intencionados, que mantengan con su prédica económicamente iletrada y prejuiciosa a la opinión pública.

La revista The Economist trae esta semana un artículo que, en el contexto de continua embestida contra la libre empresa y la propiedad privada que caracteriza al gobierno kirchnerista desde 2003, es ya una nota de color. El célebre semanario británico comunica que dejó de confiar en el índice de inflación que calcula el INDEC. Señala que hace largo tiempo que la tasa de inflación del INDEC es menos de la mitad de las tasas que calculan las consultoras privadas y los gobiernos de las provincias y de las que arrojan las encuestas de expectativas de inflación de la población.

     Tomado de Ambito Financiero (24/2/2012)

Pero al prescindir de los datos del INDEC The Economist tenía que encontrar una fuente de información confiable; es decir, un proveedor veraz, preciso y permanente del dato de la inflación argentina. Un consultor argentino ofreció suministrárselo cada mes. The Economist prefirió agradecer el gesto y buscar otro proveedor. La revista consideró la posibilidad de recurrir a los datos que publican los gobiernos provinciales. Pero llegó a la conclusión de que podían no ser un permanentes.

¿Qué hacer, entonces? The Economist necesitaba ese importante dato para completar el Outlook estadístico semanal que publica hace muchos años en las últimas tres páginas de la revista y que muchos economistas seguimos para ilustrarnos sobre el estado de la economía y las finanzas del mundo. The Economist decidió contratar los servicios de PriceStats, una empresa con sede en Arizona, EEUU, que calcula el costo de vida en Argentina sobre la base de transacciones de Internet. PriceStats produce estadísticas del costo de vida de varios países. (Note que la variación de este índice es igual a la tasa de inflación.) Agrega The Economist que se verifica una alta correlación entre las tasas de inflación que calcula PriceStats y las tasas oficiales de Brasil y de Venezuela. Esto significa que deberíamos prestar buena atención al dato de inflación que el semanario inglés empieza a publicar.

La solución que encontró The Economist es aleccionadora en dos sentidos. Por una parte, es una muestra elocuente del alcance de la globalización, que ya empieza a denunciar el macaneo institucional. Por otra, es un ejemplo vivo de lo que entendemos por importación de instituciones. The Economist considera que PriceStats es un proveedor confiable porque tiene su sede fuera de la jurisdicción argentina. A diferencia del consultor privado y los gobiernos provinciales, no puede ser amedrentado por el gobierno argentino.

Las empresas del Estado son fuente de ineficiencia, déficit fiscal y corrupción. A partir del desastre del FFCC Sarmiento el pasado 22 de febrero, debo agregar la inseguridad (la muerte) a la lista de males que acarrea el capitalismo de Estado, si bien podría argumentarse que el desastre del Sarmiento es una forma terrible de ineficiencia. Entre otros observadores, he dicho esto muchas veces (uno, dos), y mucho antes que yo lo dijeron con meridiana claridad Friedman y Von Mises.

La empresa estatal es intrínsecamente ineficiente, deficitaria y corrupta porque maneja capital y trabajo pero no dispone de capacidad empresarial. Le falta uno de los tres recursos fundamentales en la producción. La capacidad empresarial es el servicio que presta el dueño de la empresa. Como la empresa estatal pertenece a todos los ciudadanos que residen dentro de una cierta jurisdicción, en los hechos la empresa no pertenece a nadie. No tiene dueño. Nadie se preocupa realmente por asignar eficientemente sus recursos de capital y trabajo a fin de maximizar sus beneficios. Cada tanto puede aparecer un gerente que tome los intereses de la empresa como propios. Pero a la larga prevalece su condición de tierra de nadie, no muy distinta a la de plazas y rutas abandonadas a la buena de Dios.

La causa última del desastre del FFCC Sarmiento es la virtual estatización del sistema ferroviario en 2003. Los responsables últimos de los 51 pasajeros que murieron y de los 700 que resultaron heridos son el matrimonio Kirchner, el ministro De Vido, los secretarios de transporte público desde entonces a la fecha y, por supuesto, los empresarios Cirigliano, que están a cargo de la concesión del tren. Aunque cabe consignar que la aparición de empresarios de la calaña de los Cirigliano es inevitable cuando se monta un sistema oscuro y arbitrario de subsidios a través de fondos fiduciarios, como el que montaron y sostuvieron hasta el día de la fecha el expresidente Kirchner, la presidente Kirchner y el ministro De Vido.

La causa del desastre es el populismo kirchnerista. La economía kirchnerista es inclasificable. Podría definírsela como un capitalismo de amigos cuyas reglas cambian según los vientos políticos o desastres como el que comento, hasta desembocar en abruptas estatizaciones en medio de una nube de corrupción. La economía kirchnerista no es socialista; por cierto, es menos eficiente y bien intencionada que los ejemplos clásicos de la socialdemocracia europea.

Póngase por un momento en el lugar de Cirigliano. ¿Cómo hubiera actuado como concesionario de trenes bajo el gobierno kirchnerista? Frente a un aumento acumulado del costo de vida de 400%, el gobierno le congela la tarifa del servicio que presta. El gobierno avala aumentos salariales que superan incluso aquel porcentaje y usted debe seguir la corriente. El gobierno mantiene la propiedad de locomotoras, vagones, estaciones y edificios; también planifica inversiones. El gobierno no le renueva el contrato de la concesión. El gobierno compensa el déficit operativo de la empresa con un subsidio. Para ajustar el subsidio a la suba del costo de vida y para que éste llegue puntualmente, usted debe peregrinar todos los días a la oficina del ministro De Vido, ponerse a su servicio, prestarle, sin que se ofenda, su avión, yate o departamento en París. Todo su negocio está en el aire. ¿Considera que la empresa es suya? Qué va. Usted es apenas un administrador que cobra boletos, paga sueldos y repara menudencias. ¿Cómo cabe esperar que actúe Cirigliano o cualquier otro? Reparando lo menos posible, coimeando a los funcionarios clave e invirtiendo el excedente en una cuenta bancaria lejos de la garra del gobierno o de una revuelta que destruya sus bienes. Cirigliano ha actuado lógicamente. No es mi intención justificarlo. No se me escapa que un empresario decente no consideraría la posibilidad de meterse en semejante negocio. Sólo pretendo explicar que la intervención estatal conduce a estos resultados.

Desde el miércoles 22 por la noche se discute en la TV el desastre del FFCC Sarmiento. Los panelistas y entrevistados están bien informados. Creo que tienen buenas intenciones. Quieren una solución. Y parece que ya la han encontrado: ¡más estado y menos mercado! Algunos trasnochados llegan al límite de echarle la culpa del desastre al ‘Estado Gendarme’ que se habría inaugurado en la década de 1990. Creen, o quieren creer, que la empresa siniestrada es privada con todas las letras por el mero hecho de llamarse TBA en vez de FFCC del Estado Argentino.

El problema económico argentino, del cual el desastre del Sarmiento es una de las tantísimas consecuencias, es la inobservancia del derecho de propiedad y el contrato. Aprendamos de una buena vez a respetarlos. La política de ferrocarriles (y de servicios públicos en general) del próximo gobierno debería tener en cuenta estas consideraciones:

1º Negociar la concesión por un plazo tan largo como sea necesario para que la empresa pueda recuperar la inversión en locomotoras, vagones, estaciones, vías, señales, administración y entrenamiento de personal.

2º Por medio de una justicia independiente y una policía no política, asegurarle a la empresa que el contrato entre ella y el Estado es una promesa jurídica creíble, que las tarifas podrán ajustarse por inflación, los polizontes se podrán expulsar de los vagones y los intrusos u okupas se podrán desalojar de las estaciones y los espacios asignados por contrato a la empresa concesionaria.

3º Establecer tarifas que cubran el costo operativo más los gastos de inversión, más una ganancia acorde con la tasa internacional de beneficios más la prima de riesgo-argentino.

4º Regular a la empresa ferroviaria pues tiene poder monopólico. Sin olvidar que la competencia de ómnibus, motocicletas y otros medios privados fija un límite a dicho poder monopólico. No minimizar ni siquiera por un instante la posibilidad de que los dueños de la empresa coimeen a reguladores, secretarios, ministros y al mismo presidente de la Nación.