Reproduzco a continuación mi propuesta de internacionalización monetaria y bancaria. Aunque más importante, y quizá interesante, que la propuesta en sí misma, es la defensa de las variadísimas críticas económicas e ideológicas que recibió. En comparación con mis ideas y propuestas sobre riesgo-argentino, federalismo fiscal y libre comercio pactado con una superpotencia, lo escrito en este post ha provocado revulsión. No debería ser así. La verdad no teme ni ofende. Las propuestas que no atienden a la verdad son impracticables. Y la verdad más fidedigna es la que cantan las encuestas de opinión realizadas a los inversores internacionales. (Vea el post Aplazados.)

En un país institucionalmente reversible como el nuestro, propuestas como las de Simons, Hayek, Mundell o el movimiento de banca libre (free banking) no son viables. Nuestra propuesta consiste en internacionalizar la moneda y los bancos que sirven al país o, dicho en otras palabras, en importar este par de instituciones económicas básicas de las islas de estabilidad mundial (EEUU, UE, Japón). No presento aquí una detallada propuesta de reforma; me limito a argumentar sobre la conveniencia de un sistema internacionalizado en lugar de un sistema de banca central como el que rige en la actualidad. La propuesta consiste en:

a) Darle curso legal a una moneda de reserva (dólar, euro) en toda clase de transacciones (comerciales y financieras, grandes y pequeñas, pagos impositivos y salariales).

El objetivo es erradicar el riesgo de devaluación. Sería conveniente que la sustitución de la moneda nacional por la de reserva surgiera de un acuerdo bilateral por cuestiones de señoreaje, asistencia y prestigio; pero si tal acuerdo no fuera posible, convendría de todos modos proceder en forma unilateral. Como el dólar ya es la unidad de cuenta, la reserva de valor y el medio de cambio para grandes transacciones elegido por el público, además de la moneda empleada en el grueso de las transacciones externas del país, la dolarización sería lo más apropiado desde el punto de vista económico; aunque la eurización puede ser lo más apropiado desde el punto de vista político.

b) Habilitar los bancos extranjeros residentes con calificación triple A para recibir depósitos offshore (bajo jurisdicción extranjera) de toda clase. También serán habilitados los bancos nacionales asociados a bancos extranjeros triple A en cuanto tal sociedad sea comprobada.

El objetivo es que los depósitos de todo tipo, de todas las personas y empresas residentes, queden bajo la jurisdicción y supervisión de autoridades monetarias extranjeras; en otras palabras, la idea es erradicar la posibilidad de que el Estado argentino se financie con los encajes bancarios y determinar una completa internacionalización de los préstamos, a fin de estabilizar el valor de los activos bancarios que resulten de la inversión de los pasivos bancarios que se contraigan con residentes argentinos.*

c) Con un límite, los bancos podrán captar depósitos onshore (bajo jurisdicción nacional), sujetos a encaje fraccionario (“para que la capacidad prestable quede en el país”), pero los certificados de depósito incorporarán una cláusula de reprogramación y otra de eventual conversión en bonos o acciones de los mismos bancos.

Con la excepción de los reprogramables, los depósitos onshore serán ilegales. El objetivo de la restricción es evitar que el público deposite sus ahorros en bancos bajo jurisdicción argentina, ya que, ante un nuevo pánico y su respectivo corralito, aquél volvería a sentirse estafado, repetiría los cacerolazos y empujaría al país a otro estado de cuasi-guerra civil. La supervivencia de la banca onshore, aun acotada por la competencia de la offshore, generaría una externalidad negativa sobre la estabilidad monetaria y la paz social.

d) La oferta monetaria será igual a la suma de circulante en moneda de reserva y depósitos offshore en cuenta corriente, más el limitado monto de depósitos onshore reprogramables también en cuenta corriente. En este contexto, un quiebre de la cadena de pagos originado por una crisis local sería virtualmente imposible.

En un sistema internacionalizado cada uno de nosotros seguirá haciendo sus depósitos y otras operaciones en la sucursal más cercana, pero los fondos depositados serán transferidos a Miami o Munich, por ejemplo, de acuerdo con la preferencia del depositante. Los fondos de residentes argentinos en cuenta corriente, caja de ahorros y a plazo fijo quedarán así bajo la jurisdicción de la Reserva Federal de EEUU, si fueran depositados en bancos de EEUU o en bancos argentinos asociados a bancos triple A de EEUU, o bien bajo la jurisdicción del Banco Central Europeo, si fueran depositados en bancos alemanes o en bancos argentinos asociados a bancos triple A de Alemania o de la zona del euro. De esta manera, los fondos de los argentinos estarán tan seguros como los fondos de los norteamericanos y europeos y no habrá motivo para pánicos ni espacio para corralitos. La banca internacionalizada, u offshore, cambiará la jurisdicción de los depósitos pero no la fachada del sistema bancario local, el cual funcionará sin cambios visibles para el público.

La propuesta ha generado múltiples adhesiones y rechazos desde el mismo momento en que tomó estado público (Ávila 2002a y 2002b). A continuación, listamos las principales críticas recibidas, y sus respectivas respuestas, en un intento de aclarar dudas o despejar prejuicios.

Primera crítica: “El Congreso fijará un gravamen especial sobre los depósitos offshore que tengan los argentinos.”

Respuesta: La crítica no tiene asidero; es producto de pensar el nuevo sistema con la mentalidad del viejo. Todos, incluidos porteros y taxistas, tendremos depósitos offshore en el nuevo sistema. Estos serán la norma; por tanto, difícilmente podría vérselos como una manifestación de riqueza excepcional.

Segunda crítica: “La banca offshore es la legalización de la fuga de capitales”, acusan algunos políticos, y “el ahorro de los argentinos debe ser preservado para los argentinos”, argumentan algunos empresarios.

Respuesta: Quizás el principal argumento a favor de una banca offshore y en contra de la banca tradicional sea ético. La banca offshore defiende los ahorros de las clases media y baja del riesgo de un Estado arbitrario. Por el contrario, la banca tradicional mantiene los ahorros de los menos pudientes cautivos de la jurisdicción argentina, listos para una nueva licuación apenas el Estado o las empresas de capital nacional caigan en default. No hay un mejor antídoto contra cambios injustos y violentos en la distribución de la riqueza nacional que un sistema internacionalizado.

Tercera crítica: “La banca offshore no es realmente un cambio ya que está disponible hace mucho tiempo.”

Respuesta: Esta crítica subestima los costos de transacción que enfrenta en la actualidad quien desee hacer un depósito offshore. Los pocos bancos que ofrecen este servicio exigen un monto mínimo que puede superar a 50.000 dólares, y el trámite es reservado y sólo para iniciados. El propósito de la reforma es hacerlo accesible, confiable e inteligible para todos.

Cuarta crítica: “El sistema internacionalizado no reducirá la prima de riesgo-argentino.”

Respuesta: Es razonable pronosticar que la combinación de una moneda indevaluable y una banca offshore eliminará gran parte de la prima de riesgo-argentino. Aunque también es razonable esperar que una parte de la prima no pueda ser removida debido a que el nuevo sistema suministrará crédito a empresas y familias que invierten y trabajan en el país, que quedan sujetas a la volatilidad residual del país y que están fuera del radio de alcance de los tribunales internacionales. La prima de riesgo-argentino desaparecerá por completo cuando el sistema internacionalizado funcione en compañía de otras reformas y cuando el mercado financiero mundial concluya que la estabilidad nacional es perdurable.

Quinta crítica: “La banca offshore elimina el crédito para el país.”

Respuesta 1: El crédito bancario es sólo uno de los componentes de la oferta de crédito. También existe el crédito comercial, la emisión de acciones y obligaciones negociables, los fondos comunes de inversión, la reinversión de utilidades y la captación de fondos externos para ser fraccionados en préstamos hipotecarios y prendarios a riesgo propio. En Europa, el crédito bancario es importante; en EEUU no lo es tanto y el mercado de capitales tiene una gravitación muy especial.

Respuesta 2: La banca tradicional tampoco suministrará mucho crédito pues no atraería gran cantidad de depositantes por falta de confianza ni se animaría a prestar demasiado por miedo a otro pánico. Recordemos la sagaz observación de Bagehot: “El crédito es un poder que puede crecer pero que no puede construirse. Aquellos que vivan en un sistema grande y firme de crédito deben saber que si lo destruyen no verán otro, pues les llevará años y años crear el sucesor” (Bagehot, 1873, pág. 69).

Respuesta 3: Algunos banqueros enfatizan que las regulaciones prudenciales que rigen en los países de origen de la banca offshore no permitirán que ésta preste a las empresas y familias argentinas. Este argumento es doblemente engañoso. El motivo excluyente de tales regulaciones es el riesgo-argentino, pero justamente el sistema internacionalizado tiene por meta abatirlo, al menos en parte. También olvidan que cuando un país se vuelve previsible el capital fluye hacia él con independencia de las regulaciones bancarias; uno de los tantos canales es la captación de fondos externos por parte de banqueros independientes para su posterior fraccionamiento local a riesgo propio.

Respuesta 4: En el largo plazo, cuando el riesgo-argentino haya desaparecido, un banco de capital nacional dentro del sistema internacionalizado prestará a Argentina a lo sumo 3% de sus depósitos, que es una proporción razonable en vista de la potencial gravitación de la economía argentina en la economía mundial. Asimismo, los bancos extranjeros prestarán a Argentina a lo sumo 3% de sus depósitos captados adentro y afuera del país. Podemos así arriesgar que la oferta potencial de crédito es inmensa. El objeto del sistema propuesto es, justamente, contribuir a realizar ese potencial.

Respuesta 5: La banca offshore no es sinónimo de crédito prohibitivo. En una pequeña economía abierta como la argentina, el costo del crédito es igual a la suma de la tasa de interés internacional, el spread técnico y la prima de riesgo-país. Sucede lo mismo que con el precio de un auto Ford puesto en Argentina, que es igual a su precio de salida de EEUU, más el costo del flete y el seguro, más el arancel de importación. Dicho en otras palabras, el precio interno del auto o el capital financiero es independiente del tipo de organización que prevalezca en las industrias automovilística o bancaria. Luego, el punto es la posibilidad de que la banca offshore contribuya a rebajar la prima de riesgo-país.

Sexta crítica: “Como la Convertibilidad en su momento, el sistema internacionalizado también puede ser revertido; por tanto, no es una solución permanente.”

Respuesta: Es la verdad, tanto los dólares o los euros de curso legal como los depósitos offshore pueden ser declarados ilegales. No podemos erradicar la posibilidad de que algún día el público sea obligado por un gobierno asfixiado por la falta de recursos o simplemente retrógrado, a aceptar el dinero nacional y a depositar sus ahorros bajo jurisdicción nacional. Sin embargo, el circulante preexistente en moneda de reserva no podrá ser gravado por el impuesto inflacionario ni los depósitos offshore preexistentes podrán ser expropiados. Esto es lo importante para preservar la distribución de la riqueza y la paz social. En este sentido afirmamos que el sistema internacionalizado es verdaderamente irreversible. Por lo menos los stocks estarán a salvo.

Los banqueros argentinos miran esta propuesta con aprensión. No han considerado aún ciertas ventajas del sistema internacionalizado. En primer lugar, tenemos buena evidencia internacional que avala la propuesta. Se trata de la experiencia contemporánea de los quince países de UE que sustituyeron físicamente sus monedas nacionales ancestrales por el euro. Aparte de la reducción del riesgo-país que esto ha significado para los países de la periferia europea y del consecuente boom económico, deberíamos tomar nota de que los viejos bancos centrales de los países miembros de la zona del euro tienen ahora un papel fundamentalmente decorativo; ninguno de ellos conserva el poder del prestamista de última instancia ni la capacidad para ejercer una superintendencia de bancos autónoma; en UE sólo hay un único banco central, el Banco Central Europeo, que funciona en Frankfurt, y sólo un verdadero superintendente de bancos. Lo demás es una ficción que sirve para atenuar la subitaneidad del tránsito, como escribiera Ortega y Gasset en Mirabeau. En segundo lugar, ¿existe, acaso, un sistema que garantice más acabadamente que el propuesto la reaparición en nuestro país del crédito hipotecario a 30 años de plazo y 6% de interés anual? Parecería que no. En todo caso, no está a la vista un sistema monetario y bancario distinto al internacionalizado que pueda regenerar el mercado de crédito de largo plazo con la misma o mayor velocidad. Por último, ¿han evaluado los banqueros argentinos cuánto valdrán sus activos en el marco del sistema propuesto? La banca internacionalizada coexistirá con la banca de inversión. El nuevo negocio consistirá en captar ahorros locales y girarlos a un banco extranjero asociado y en otorgar préstamos con fondos externos a riesgo offshore, en captar fondos externos y fraccionarlos en préstamos hipotecarios, prendarios y personales a riesgo propio, y en tomar ahorros locales a cambio de obligaciones de renta variable para financiar proyectos de inversión y participaciones en empresas. El negocio puede ser muy variado e interesante, sobre todo porque funcionará en un clima de riesgo-argentino bajo en vista de que los riesgos de devaluación y de pánico bancario serán nulos.

Referencia bibliográfica

Ávila, J. (2002a): Primer artículo sobre banca offshore. Ámbito Financiero, 15 de enero.

Ávila, J. (2002b): Segundo artículo sobre banca offshore. Ámbito Financiero, 18 y 19 de septiembre.

Ávila, J. (2004): Internacionalización monetaria y bancaria, UCEMA, documento de trabajo Nº 285, diciembre.

Bagehot, W. (1873): Lombard Street. Reimpreso por John Wiley & Sons, 1999.

* Note que la banca tradicional no permite o no induce una internacionalización de los préstamos. Durante la década de 1990, los activos externos de los bancos eran una fracción mínima de los activos totales. ¡Qué gran ironía! En uno de los países más volátiles, los bancos concentraban sus préstamos en empresas, en personas y en gobiernos nacional y provinciales sujetos al riesgo-argentino, en vez de diversificarlos a lo largo y lo ancho del mundo.

El reporte anual 2006-2007 del Foro Económico Mundial situó a Argentina en el puesto 69º entre 125 países evaluados en materia de competitividad global. Para el Foro, el nuestro es un “país con un enorme potencial, generosamente dotado de recursos humanos y naturales.” El desglosamiento de la evaluación nos depara, por un lado, una gran sorpresa: en el rubro salud y educación primaria Argentina obtuvo su mejor calificación (quedó vecina de Italia y de Irlanda) y, por el otro, una observación que cae de madura para muchos salvo el gobierno y gran parte del empresariado local: en el rubro bancario Argentina obtuvo su peor calificación. Laura Ferrarese, en un artículo sobre el reporte, destaca lo siguiente: “En materia de solidez de los bancos, la Argentina se lleva la peor nota de todo el boletín. Allí ocupa el penúltimo lugar, el puesto 124 entre 125 países (el último es Tajikistán). En opinión de los encuestados, los bancos argentinos requieren de asistencia del Gobierno. Los bancos más saludables y fuertes son los del Reino Unido, Suiza, Dinamarca, Irlanda, Canadá, Luxemburgo y Suecia.” Adrián Ventura, en otro artículo de La Nación, detalla rubro por rubro el pésimo desempeño del país en la evaluación del Foro. Esta pésima evaluación por parte de los inversores del mundo es la explicación de nuestro riesgo sistémico y la causa del subdesarrollo económico nacional. La banca offshore está entre los soportes institucionales que el país necesita con desesperación.

El gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma previsional a fin de permitir que los afiliados a las AFJP puedan pasarse al sistema estatal de reparto. En los últimos días se escribió copiosamente sobre el tema. En un editorial del domingo 28, La Nación sintetizó realmente bien aspectos relevantes del proyecto. Instó a no olvidar que las AFJP se crearon como respuesta a la evidencia sobre la inviabilidad del régimen de reparto; precisó dudas con respecto a la instrumentación y al impacto que tendrá en el actual sistema y pidió que se valoren los avances y efectos positivos del sistema que ahora se quiere modificar.

Por su parte, Santiago Urbiztondo, economista de FIEL, publicó el martes 30 en Ámbito Financiero (diario que no permite el libre acceso a su website) un artículo más técnico que confirma y profundiza algunas de las observaciones de La Nación. Por ejemplo, destaca que:

a) en los 13 años de vigencia del régimen mixto (reparto estatal + capitalización privado) hubo un amplio debate acerca de sus virtudes y limitaciones sin que surja un consenso sobre cómo evaluar sus resultados y mejorar su desempeño;

b) con la salvedad de distraídos o malintencionados, a nadie escapó que el haber que recibirá un jubilado con 30 años de aportes a su AFJP será muy superior al que obtendría del nuevo régimen de reparto; la tasa promedio de rentabilidad del sistema de capitalización ha sido 7% anual, después de restar la inflación y los costos de administración y seguro retenidos por las AFJP, no obstante la severa crisis económica, política y social que sufrió el país en 2001-2002;

c) el costo bruto que retienen las AFJP promedia un 2.4% del salario sujeto a aportes y el costo neto, 1.1%, en tanto que en el resto de América latina promedian 3.0% y 1.6%, en cada caso;

d) la sustitución de la comisión que se paga a las AFJP para que éstas contraten a su vez el seguro de vida e invalidez de cada afiliado por un pago deducible del fondo acumulado del sistema, reducirá muy probablemente la rentabilidad del nuevo sistema de reparto; mientras las AFJP argentinas cobran una comisión media de 1.3% sobre el salario sujeto a aportes, en México, país en el que una agencia pública contrata en forma centralizada el seguro, la comisión asciende a 2.5%.

e) el significativo cambio que introduce el proyecto en el régimen previsional constituye de hecho el primer paso para su lenta y silenciosa reversión. Por tanto, la bandera de la libertad de elección que postula esta reforma no debería llamarnos a engaño; el objetivo subyacente es dar marcha atrás con la reforma de 1994.

Poco queda por agregar a la buena síntesis de La Nación y a las observaciones técnicas de Urbiztondo. En todo caso, aunque suene a quijotada en los tiempos que corren, no esta demás delinear cómo debería ser un sistema jubilatorio capaz de maximizar la rentabilidad de los aportes y de preservarlos del manoseo del estado argentino:

i) El Estado debería retirarse de la industria previsional. ii) Los aportes deberían ser estrictamente voluntarios; la persona que deseara ahorrar en “ladrillos” o acciones no debería estar obligada a aportar a una AFJP. iii) Los aportes a las AFJP deberían quedar bajo jurisdicción internacional, de la misma forma que los depósitos en un régimen de banca internacionalizada. iv) Y de la jubilación de las personas que por imprevisión o mala suerte no hubieran ahorrado para su vejez debería encargarse el Estado, contemplando la erogación a tal efecto en el presupuesto.

Este post forma parte de una serie dedicada a la evaluación de algunas aperturas comerciales clásicas. En esta ocasión trataré el caso español. Seguirán el caso japonés y un comentario estadístico sobre el impactante caso irlandés. Una férrea determinación nacional gobernó el caso chileno; el NAFTA jugó un papel decisivo en el caso mexicano, pero el caso español merece atención especial por su carácter supranacional y su fulgurante crecimiento exportador y económico en general. Este post es más largo que los que dediqué a Chile y México porque el proceso de apertura español fue muy prolongado y está lleno de lecciones sobre la gravitación de las circunstancias y de los pactos internacionales en el éxito de una liberalización comercial.

Para leer las conclusiones globales de la serie de posts dedicados a las aperturas comerciales, haga click aquí.

La apertura supranacional de España

Según García Delgado (1995), la primera etapa económica del franquismo, 1939-1950, fue el pasaje más negativo de la historia española contemporánea. Hubo autarquía comercial y una auténtica depresión. De acuerdo con Estefanía (1998), España estaba gobernada según un modelo de desarrollo basado en la introspección, miraba con timidez al exterior y era un país pobre, atrasado y rural.

La integración económica (entendida como fase superior de la apertura comercial) y el muy notable crecimiento económico de este país han sido el resultado de un proceso largo, sinuoso y vacilante, guiado, sin embargo, por un diagnóstico que terminó por imponerse a dudas, temores y adversidades. El filósofo Ortega y Gasset formuló el diagnóstico en 1910, décadas antes de la guerra civil y de la subsiguiente depresión. La célebre frase de Ortega rezaba: “España es el problema; Europa, la solución”. Hacia 1957, un equipo de cambio compuesto por economistas vinculados al Opus Dei puso en marcha un giro trascendente de política económica conforme a dicho diagnóstico. Y en 1982, Marcelino Oreja, el ministro de Asuntos Exteriores del presidente Suárez, precisó el significado de la frase de Ortega: “Europa son las tres instituciones: económica, defensiva y política; la primera exige la integración al Mercado Común; la segunda, el ingreso a la OTAN, y la tercera, el ingreso al Consejo de Europa, es decir, la democracia y el respeto de derechos humanos. (Estefanía, 1998.)

Seis instancias enviaron claras señales de irreversibilidad durante este singular proceso. 1ª) A pesar de demoras menores y sin haber explicitado demasiado el alcance sectorial y el horizonte de la apertura, el Plan de Estabilización y Liberalización de 1959-1960 fue cumplido. 2ª) No obstante la transición política y la crisis petrolera de la década de 1970, el acuerdo de rebajas arancelarias y eliminación o relajamiento de cuotas pactado con la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1970 fue cumplido. 3ª) La fuerza política que ganó las elecciones de 1977, un conglomerado de partidos de centro y de derecha que debió recurrir al apoyo de fuerzas nacionalistas por falta de mayoría absoluta en el Parlamento, reanudó la apertura con gran intensidad. Se comprendió que la manera más eficaz de afianzar la democracia era ajustar la economía a las nuevas condiciones internacionales e integrarse a Europa. En contraste con etapas anteriores, en esta oportunidad se percibió que la política comercial constituía un elemento esencial del programa económico. 4ª) En 1979, España extendió a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (cuya sigla en inglés es EFTA) los beneficios ya concedidos a los miembros de la CEE en 1970. En 1980, en respuesta a la Ronda Tokio, España asumió otro compromiso internacional trascendente: aprobó reducciones arancelarias en beneficio de los miembros del GATT. 5ª) El gobierno socialista de Felipe González firmó en 1985 el ingreso español a la CEE. Se inició así la etapa más trascendental de la apertura. El proceso de ingreso tuvo carácter predeterminado e inmodificable puesto que fue acordado en el Tratado de Acceso y ratificado por los parlamentos de los doce miembros de la CEE. La posibilidad de reversión era virtualmente nula pues cualquier alteración del Tratado habría exigido una nueva ratificación por parte de los doce parlamentos. (Avila, 1989a.) 6ª) En 1999, la peseta, junto a las otras monedas de la CEE, desapareció a favor del euro. Se introdujo la nueva moneda en los mercados financieros de España y del resto de la CEE y el Banco Central Europeo se hizo cargo de una política monetaria aplicada y definida en términos del euro. En 2002, entraron en circulación las monedas y billetes denominados en euros. Desapareció de esta forma en España la moneda nacional, lo mismo que en el resto de la CEE. También desapareció, en la práctica, la banca comercial bajo jurisdicción nacional en beneficio de una banca bajo jurisdicción supranacional. Estas señales de irreversibilidad estimularon una rápida reasignación de capacidad empresarial, trabajo y capital desde el sector productor de bienes importables hacia el productor de bienes exportables y un crecimiento explosivo.

El propósito de los siguientes párrafos es narrar las circunstancias que condujeron a la apertura, identificar las principales medidas en tal sentido y fundamentar la síntesis anterior sobre señales de irreversibilidad. En último término, una tabla condensa el comportamiento de los indicadores de confianza y la reacción de un conjunto de variables económicas clave en el período 1959-2002.

La apertura española puede dividirse en tres etapas separadas por períodos de parálisis o retrocesos motivados por crisis internacionales o incertidumbres políticas internas: la etapa unilateral, 1959-1966; la etapa bilateral, 1970-1980, y la etapa supranacional, 1986-2002. En 1959, a mitad de camino del gobierno del general Franco, cuando España se encontraba al borde de la cesación de pagos, en recesión, con importaciones mínimas y sin posibilidad de renovar la maquinaria industrial, se anunció el Plan de Estabilización y Liberalización. Las exportaciones españolas fueron ese año inferiores a 4% del PBI, el porcentaje más bajo de los países de la OCDE, con la excepción de Turquía. (Avila, obra citada.) El sentido de supervivencia del franquismo y el aporte técnico de un grupo de economistas salidos en su mayoría de las recién creadas facultades de Ciencias Económicas hicieron posible el giro de política económica. Los primeros síntomas en tal sentido se advirtieron en febrero de 1957, cuando Franco hizo ingresar al gabinete de ministros dos miembros del Opus Dei y de esta manera reemplazó a la Falange como familia dominante. Los líderes del equipo de cambio eran Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, ministros de Comercio y de Hacienda, en cada caso, con el apoyo de Laureano López Rodó, también del Opus Dei, quien ya era el secretario general técnico de la vicepresidencia del gobierno. Este grupo de técnicos se había percatado de la inviabilidad del modelo de sustitución de importaciones, e impulsó el giro casi engañando al jefe de Estado, que era analfabeto en estas cuestiones y cuya única ideología era el nacional-catolicismo y la autarquía. (Estefanía, obra citada.) Es interesante tomar nota del contexto internacional del momento. El mismo año del cambio de ministros se firmó el Tratado de Roma que creó el Mercado Común Europeo. Pocos meses después, y con el aval del embajador de EEUU en Madrid, quien deseaba la reincorporación del país al escenario internacional como aliado en la guerra fría, España ingresó al FMI, al Banco Mundial y a la Organización Económica de Cooperación Europea (OECE, antecedente de la OCDE). El borrador del plan fue redactado por el director del Departamento Europeo del FMI y, con pequeñas variantes de estilo y complementos indispensables, fue asumido por el gobierno español en el memorando que dirigió a los organismos internacionales y, antes, al gobierno norteamericano. Según Ullastres, el Plan tenía cuatro objetivos: convertibilidad de la peseta, reducción de la inflación, desregulación económica interna y liberalización del comercio exterior. De acuerdo con Luís Rojo, un joven integrante del equipo que cuarenta años después instrumentaría la adopción del euro como presidente del banco central, el Plan “abrió las puertas de una fase de incorporación de nuevas formas de producción y de vida, cuyo resultado habría de ser un cambio social acelerado en los años siguientes”. (Estefanía, obra citada.) De esta forma se abolió el sistema de tipos de cambio múltiples, se aprobó una nueva ley de inversiones extranjeras, se restringió a nada más que los productos agrícolas la participación estatal en el comercio exterior, se liberalizó como mínimo la mitad de las importaciones en moneda convertible, se relajaron las restricciones sobre las importaciones restantes y se aplicó un programa de estímulo fiscal a las exportaciones (compensaciones de impuestos indirectos y reintegro de cargos aduaneros sobre importaciones de insumos). El gobierno no fue en ningún momento demasiado explícito o vehemente sobre el alcance sectorial y el horizonte temporal de la apertura. No obstante ello, con tardanzas menores, el plan fue cumplido.

A mediados de la década de 1960 el proceso de apertura se fue rezagando a medida que el gobierno se inclinaba por una estrategia de desarrollo inspirada en el modelo francés de planeamiento indicativo. En 1966, el ciclo expansivo que había comenzado en 1960 perdió fuerza, subió la inflación y la balanza de pagos entró en déficit. Siguieron cuatro años de un ajuste macroeconómico que resultó exitoso. Llegó entonces la segunda etapa de la apertura, que puede dividirse en dos fases caracterizadas por el bilateralismo: el fin de la dictadura, 1970-1974, y el inicio de la democracia, 1977-1980. En la primera fase, la apertura operó por dos canales paralelos. Por un lado, el gobierno adoptó en forma unilateral una secuencia de medidas liberalizadoras. Por otro lado, asumió un programa gradual de liberalización acordado con la CEE tras arduas negociaciones que culminaron a mediados de 1970. Entre las principales medidas unilaterales cabe mencionar una reducción selectiva seguida por otra generalizada de aranceles industriales, la sustitución de una lista de productos exentos de restricciones cuantitativas por una lista negativa (un paso importante hacia adelante pues desde entonces todos los ítems que no figuraban en la lista quedaron liberalizados en forma automática), y el ingreso gradual a un régimen de importaciones libres de un conjunto de productos industriales y agrícolas que estaban sujetos a cuotas o bajo monopolio estatal. Entre las principales medidas concertadas con la CEE cabe mencionar un nítido programa temporal de relajamiento de restricciones cuantitativas y de rebaja de aranceles legales que abarcaba por lo menos 60% de las importaciones españolas de la CEE (quedaron afuera del acuerdo el carbón, los productos de hierro y acero y aquellas materias primas contempladas en una lista de excepciones), un programa de eliminación de cuotas que tenía por meta que apenas 5% de las importaciones de la CEE permanecieran en 1976 sujetas a restricciones cuantitativas. Por su parte, la CEE concedió a las exportaciones españolas una sustancial reducción arancelaria, con algunas excepciones; el arancel promedio iba a caer un 60%; 30 puntos en el mismo año 1970, 20 puntos adicionales en 1972 y los 10 puntos restantes en 1973. Las concesiones sobre productos agrícolas fueron menores, incluso menores a las que se habían concedido a otros países mediterráneos. Pero desde octubre de 1974 el proceso de apertura sufrió fuertes retrocesos. (Avila, obra citada.) Las causas fueron la crisis petrolera internacional y la ejecución de un militante anarquista en marzo de 1974 y los fusilamientos de septiembre de 1975. “La CEE decidió bloquear las negociaciones y no reanudarlas hasta que no se adoptara una política que respetase los derechos del hombre, como patrimonio común de los pueblos de Europa”. (Estefanía, obra citada.) El balance de la fase es que los compromisos asumidos con la CEE fueron cumplidos y mantenidos pero algunas iniciativas unilaterales fueron revertidas, en particular, se reinstaló el monopolio estatal y un sistema global de cuotas para los ítems liberalizados en los años 1972-74 y se revocaron las rebajas arancelarias lineales de 1973-74. Con la excepción de la liberalización pactada con la CEE, el grado de apertura retrocedió al nivel de 1966. (Avila, obra citada.)

La llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno español tras las primeras elecciones democráticas en 40 años, abrió a pleno la segunda fase de la apertura. Al mes de asumir, el nuevo presidente emprendió una maratón de negociaciones en los países de la Comunidad, y en contra de los pronósticos de los analistas políticos y económicos, que esperaban una suerte de apagón del esfuerzo modernizador, Estefanía (obra citada) concluye que “Suárez fue la frontera; trajo las libertades y enderezó el camino hacia Europa”. La organización política española no generaba expectativas de estabilidad. El nuevo régimen soportaba fuertes presiones a raíz de los golpes terroristas y las inquietudes militares. Pero el gobierno tenía el firme respaldo de las principales corrientes políticas y sociales y pudo desarrollar su programa económico. Entre las principales medidas de la segunda fase cabe destacar la restauración de la lista negativa (que nombra los ítems de importación sujetos a cuotas), la abolición de aumentos de aranceles y de una sobretasa de importación de 20% que habían sido introducidos en 1976, una rebaja generalizada y temporaria de aranceles ad-valorem y específicos (que se denominó operación concertina) y, lo más trascendente de todo, la firma de dos acuerdos bilaterales: uno en 1979 con los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (cuya sigla en inglés es EFTA), por el cual se eliminaban todas las barreras que trababan el intercambio entre las partes; de esta manera España extendía a los países del EFTA los beneficios que había concedido a los países de la CEE; otro en 1980, producto de la Ronda Tokio, por el cual España procedió a extender una ronda de rebajas arancelarias a todos los miembros del GATT. (Avila, obra citada.)

A principios de la década de 1980, la economía comenzó a exhibir signos de un rápido deterioro debido a la segunda crisis petrolera, la recesión internacional iniciada en EEUU y ciertas inconsistencias de la política económica interna que determinaron una estampida del déficit fiscal de 1,6% del PBI en 1979 a 5,5% en 1982. No obstante la adversa coyuntura económica, cierta reticencia de Francia a la presencia española en la CEE y el intento de golpe de Estado de 1981, esta segunda fase de la apertura bilateral finalizó con apreciables avances. Primero, se ingresó en el Consejo de Europa, símbolo de los derechos humanos, y en mayo de 1982 España quedó integrada a la OTAN. El tercer paso quedó reservado para “el primer gobierno socialista químicamente puro de la historia española” (Estefanía, obra citada).

En su discurso inaugural, Felipe González afirmó: “trabajaré con tesón para allanar los obstáculos que aún se oponen a nuestra plena integración a la CEE”. (Ídem.) La obsesión europeísta también incluía a los socialistas. Entre las principales medidas adoptadas en ese sentido cabe mencionar un programa de reducción arancelaria por etapas que concluiría en 1992 con un arancel igual a cero para todas las importaciones provenientes de la CEE y el EFTA, y con la plena adopción del arancel externo común sobre las importaciones del resto del mundo; la desregulación del movimiento de capitales y la armonización de las políticas fiscal y monetaria; la abolición de todos los derechos de importación; la abolición de todas las licencias de exportación e importación que trababan el comercio con la CEE y el EFTA, salvo las referidas a algunos productos agrícolas; la drástica reducción de las restricciones cuantitativas sobre las importaciones de productos industriales y agrícolas de la CEE, de los miembros del GATT y de otros; la desaparición en 1992, o sea cuatro años después, de una combinación de cuota y arancel que encarecía las importaciones de automóviles de la CEE, y la introducción del IVA, de acuerdo con la carta orgánica de la CEE, en reemplazo de un tributo sobre los ingresos brutos, un tributo a la importación y un subsidio a la exportación que se traducían en un impuesto neto a la exportación de 12%. En enero de 1986, España, junto a Portugal, ingresó en la CEE, y en 1992 las medidas anunciadas se habían cumplido. El país empezó así a formar parte de un auténtico mercado único, en el que las mercancías, los servicios, las personas y los capitales podían moverse libremente. El tercer paso había sido cumplido. Ahora faltaba la integración monetaria.

Bajo la presidencia conservadora de José María Aznar, el Consejo Europeo de Bruselas decidió que once estados miembros, entre los que España había logrado calificar después de una empeñosa reducción del déficit fiscal (de 8% del PBI en 1985 a 5% en 1996 y a 0% en 2005), reunían las condiciones para la adopción de la moneda única a partir del 1º de enero de 1999. Por espacio de tres años la peseta observó un tipo de cambio fijo e irrevocable con respecto al euro (convertibilidad monetaria), hasta que el 1º de enero de 2002 fue sustituida físicamente por la nueva moneda europea. De esta manera, finalmente, el sueño de la razón se hizo realidad.

La próxima tabla sintetiza la reacción de las principales variables económicas durante el prolongado y muy exitoso proceso de apertura español.

                                    

Referencias bibliográficas

Avila, J. (1989a): España: Un éxito largamente gestado, informe no publicado.

Estefanía, J. (1998): "La Larga Marcha." (La economía española del Plan de Estabilización al euro.) El País, domingo, 3 de mayo. (www.vespito.net/historia/franco/estft.html)

García Delgado (1995): "La Economía Española durante el Franquismo." Temas, noviembre. (www.vespito.net/historia/franco/ecofran.html)

Félix Loñ, profesor de Derecho Constitucional, publicó el jueves 4 en La Nación un artículo que expresa el pensamiento de gran parte de la sociedad argentina. Dice que para mantener la República en pie hay que oponerle al oficialismo en las elecciones presidenciales de octubre una coalición de diversas agrupaciones, en torno de objetivos compartidos y de un candidato común a presidente. Agrega que la política de alianzas debería ser generosa, como en ocasión del acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, base de la Constitución de 1853, que fue suscripto por el victorioso general Urquiza y por gobernadores que hasta la batalla de Caseros habían consentido la tiranía rosista. Por último, señala que los socios de la coalición deberían ponerse de acuerdo en puntos concretos para minimizar la probabilidad de un nuevo fracaso como el protagonizado por la Alianza en 1999-2001. Esos puntos concretos serían, según Loñ, los siguientes:

a) Fortalecer el Congreso. b) Aprobar un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. c) Promover un pacto para la Justicia con el fin de afianzar la eficacia de la función judicial. d) Reformular la reglamentación del Consejo de la Magistratura. e) Garantizar el acceso a la información y la adjudicación transparente de la publicidad oficial. f) Promover un crecimiento económico equilibrado y orientado hacia el pleno empleo y el progreso con protección social. g) Impulsar el diálogo entre empresarios y trabajadores para consensuar políticas económico-sociales. h) Modificar el sistema de previsional con el objeto de resguardar la movilidad de los haberes.

Los dirigentes políticos opositores (Macri, Lavagna, Carrió, Sobisch) no se han pronunciado a favor de una iniciativa como la que propone el profesor Loñ. Ni siquiera han manifestado una inquietud al respecto. Están en deuda con la sociedad. Pero incluso la loable propuesta de Loñ es insuficiente. Está lejos, muy lejos, de los pactos de la Moncloa. Esos pactos fueron firmados por todo el espectro político español, desde el comunista Santiago Carrillo, pasando por el socialista Felipe González y el liberal-conservador Adolfo Suárez, hasta incluir al conservador franquista Manuel Fraga. En nuestro caso, el verdadero pacto político-económico también debería ser firmado por el presidente Kirchner.                             

                                  

La vaguedad de los puntos económicos a acordar es el otro aspecto de la propuesta del profesor Loñ que encuentro manifiestamente insuficiente. Si quisiéramos una república federal, el punto que pide aprobar una nueva reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos debería sustituirse por uno que pidiera aprobar su abolición. El punto que pide promover un "crecimiento equilibrado… y el progreso con protección social" equivale a abrir una caja de Pandora en materia de organización económica. Ni que hablar del punto que pide "impulsar el diálogo entre empresarios y trabajadores para consensuar políticas económico-sociales". ¿No advierte Loñ, y otros que piensan libremente como él, el carácter corporativista de este punto, que ya fue, por otra parte, puesto en práctica por Perón hace 60 años? Una réplica análoga merece el último punto pues, en vez de pedir el perfeccionamiento del sistema de capitalización, pide una mejora del sistema estatal de reparto.

El filósofo Ortega y Gasset precisó en 1910 que el problema de España era España y que la solución era Europa. Marcelino Oreja, el ministro de Asuntos Exteriores del presidente Suárez, precisaría en 1982 que Europa eran las tres instituciones: económica, defensiva y política; es decir, la integración a la Comunidad Económica Europea, el ingreso a la OTAN y el ingreso al Consejo Europeo (democracia y respeto de derechos humanos). Los españoles dieron los tres pasos con unanimidad de criterio. Dejo para otra ocasión el comentario de los portentosos resultados que obtuvieron.