Otra zoncera más. Las zonceras económicas ya son un torrente y son tan obvias como en su época de oro, en las décadas de 1970 y 1980. ¿Es otro error del gobierno? ¿O es una necesidad que debe satisfacer? Creo que es un error que el gobierno va a seguir cometiendo porque lo justifica; es decir, le da una razón de ser.

El gobierno dispuso en 2002 un congelamiento de las tarifas de servicios públicos y estableció retenciones sobre varias exportaciones no industriales. A fines de 2005, armó un régimen de control de precios y dio una vuelta de tuerca a las retenciones, y hasta prohibió algunas exportaciones. ¿Por qué lo ha hecho? Para frenar la suba del índice de precios al consumidor (inflación) en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires (lo que pasa en el Interior no importa ya que no repercute en el IPC) y evitar que los ingresos de más personas caigan por debajo de la línea de la pobreza.

Luego de sufrir algunos paros agropecuarios y de acusar a los productores rurales de integrar una oligarquía terrateniente, el Gobierno cambió el secretario de Agricultura y ahora recorre un camino de aproximación al sector. Sonrientes, con la sensación de estar gobernando, el jefe de Gabinete, la ministro de Economía y el nuevo secretario del área se reunieron la semana pasada con representantes del sector y anunciaron la siguiente batería de subsidios y refinanciones:

Para los productores de carne, afligidos por precios máximos en el Mercado de Liniers y por retenciones y prohibiciones de exportar, un subsidio del maíz que se emplea en el engorde del ganado, y un subsidio a la exportación a financiar con el producido de la retención de 15% que paga la exportación de carne.

Para los productores de trigo, de forma que alcancen el verdadero precio de mercado, un subsidio directo que cubra la diferencia entre los $370 por tonelada que pagan los molinos harineros, por decisión del secretario de Comercio Interior Moreno, y los $420 que paga la demanda por el producto. El subsidio se financiaría con la recaudación de un reciente aumento de la retención a la soja y se pagará en el Banco Nación contra la presentación del CUIT y el certificado de venta del cereal.

Entre otras disposiciones, las deudas de 9000 productores rurales con el Banco Nación se refinanciarían a más plazo y menor interés.

Te quito por un lado y te doy por el otro. En definitiva, queda la impresión de que nos va igualmente bien tanto en una economía intervenida como en una libre. Se trata de una impresión redondamente falsa. Porque lo que el productor mira cuando decide si va a producir e invertir más o menos es el precio internacional del producto después de pagar retenciones (que llegan a 100% en caso de prohibición de exportación). El subsidio es nada más que una prebenda arbitraria y transitoria; ningún productor en su sano juicio computaría un subsidio entre los beneficios de un proyecto de inversión importante.

¿Quién paga el costo de la burocracia (certificados de venta, etc.), de la licuación del valor de los préstamos del Banco Nación a los productores y de la potencial corrupción que tanto teje y maneje habilita? Los contribuyentes; los depositantes; la sociedad argentina en su conjunto, que es engañada por fotografías de sonrientes funcionarios que creen estar resolviendo problemas cuando, en rigor, los están enredando o, en el mejor de los casos, postergando.

Para evitar que más argentinos perforen la línea de la pobreza, ¿no es acaso más eficiente y limpio que el gobierno entregue a las familias no pudientes tickets para comprar carne o pan (productos encarecidos por la suba de los precios mundiales de la carne vacuna y el trigo), mientras los productores reciben precios plenos y pueden así planificar la expansión de la producción sin incertidumbres ni distorsiones?

No me extrañaría que el costo administrativo del sistema de tickets fuera bastante menor que el de los controles y los subsidios cruzados. Tampoco me llamaría la atención que la corrupción potencial fuera menor. ¿Qué problema tiene esta simple propuesta? Que saca al Gobierno del medio, restándole poder y capacidad de inspirar temor. Pero, por sobre todas las cosas, el problema es que revelaría que el Gobierno no tiene un plan de gobierno.

Al Gobierno le pasa lo mismo que a los sindicalistas: reviven cuando hay inflación, porque pueden justificar su existencia en la lucha por aumentos salariales, que se darían de todos modos, y se apagan cuando hay estabilidad, porque no son tan necesarios. Por esta razón, Moyano apoyó la devaluación, aun a sabiendas de que licuaría los salarios reales de sus representados. Si este Gobierno desregulara y se limitara a preservar el derecho de propiedad y el estado de derecho, se licuaría a sí mismo porque no sabría adónde apuntar en una economía libre y estable.

Juan Carlos De Pablo escribió hace un par de semanas un brillante análisis de la reforma previsional que lanzó el Gobierno y que el Congreso está por aprobar casi sin crítica ni oposición. Pone en sus justos términos y puntos de referencia el anzuelo que usa el oficialismo sobre la "libertad de opción" que nos procuraría la nueva reforma. (Para leer el post anterior sobre el tema, haga click aquí.)

Seguiré en la AFJP, haga usted igual

En cuanto se implementó la reforma provisional aprobada por la ley 24.241, del 23 de setiembre de 1993, me inscribí en una AFJP. Hasta ahora estoy obligado a seguir en alguna de ellas. Si se aprueba la modificación que el Ejecutivo piensa enviar a las sesiones extraordinarias del Congreso, durante 6 meses podré optar entre quedarme en alguna AFJP, o volver al sistema de reparto.

Me pienso quedar en alguna AFJP, es decir, ni por casualidad me pasaré al régimen de reparto. Y lo mismo le recomiendo a todo el mundo (¿no es curioso que cuando le preguntaron a un colega qué había que hacer, dijo que a quienes menos aportan les convendría pasar al régimen de reparto? Nunca había escuchado una explicación tan nítida de que la jubilación en manos del Estado, en Argentina al menos, es una estafa).

Por eso me puso loco ver cuántos economistas aplaudieron la iniciativa gubernamental, en el nombre de que "aumenta las opciones del beneficiario". ¿Las opciones de qué; de que siga sin haber la más mínima relación entre el esfuerzo y la oportunidad por aportar, y lo que eventualmente se cobrará? Relacionemos cosas, antes de opinar. En algún momento de 2006 la Corte Suprema de Justicia les dijo a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que "algo" tenían que hacer con las jubilaciones a su cargo superiores a la mínima, porque habían sufrido un pequeño o ningún aumento, a pesar de que desde la devaluación los precios –aún sobre la base de las estadísticas oficiales– se habían casi duplicado según precios al consumidor, y casi triplicado según precios mayoristas.

Por toda respuesta, los legisladores miraron para otro lado y el Ejecutivo se limitó a incluir en el presupuesto 2007, un aumento de 13% a todas las jubilaciones. Por donde se la mire, una burla (¿reaccionará la Corte alguna vez, sobre este particular?). Pues bien, pensar que es un bien que ahora la gente se pueda pasar de las AFJP al sistema de reparto, es invitarlas a que pongan la cabeza en la guillotina, porque una vez más lo que ocurra con nuestros ahorros "para los últimos años" estará en manos del funcionario de turno.

En cierto modo es una exageración hablar de sistema privado y público de jubilación, porque las AFJP funcionan con restricciones, y parte de sus activos son títulos públicos. Pero casualmente lo que hay que criticar es la intervención estatal en el sistema privado, no al sistema privado mismo.

Ejemplo: es una barbaridad que en 2001 se haya disminuido el aporte personal de 11% a 7%, y mayor barbaridad aún es que se prorrogue la referida reducción, cuando ya ni siquiera existe el discutible argumento que la originó.

Al respecto cabe aclarar que el hecho de que durante los primeros años de existencia las AFJP tuvieran en sus carteras títulos públicos, era bien lógico. Porque el sistema privado arrancaba superavitario, y el público deficitario. La idea era que a medida que pasara el tiempo el sistema de las AFJP tuviera más y más jubilados –más erogaciones– y el sistema público menos, rescatándose los títulos públicos emitidos inicialmente. En todo el mundo las cajas de jubilaciones, las mutuales, etc. "están vacías". La cuestión es la rentabilidad de los activos de las cajas (Perón pagaba 2% anual de interés, frente a una inflación de 30%. Por eso las fundió).

Claro que me gustaría que me cobraran menos de comisión, si bien nunca entendí porqué las AFJP nunca explicaron claramente que la mitad es un seguro de vida e invalidez, que no tiene que ver con los aportes efectivamente realizados, sino con una pensión relacionada con el resto de los años de vida de la viuda o el inválido, independientemente del período aportado.

Pero el punto básico, de filosofía personal, es que con el sistema de capitalización la jubilación es parte de mi problema. Más ahorro, más tendré: antes ahorro, más tendré. Con el sistema de reparto, ahorro lo menos posible y después trato de acomodarme políticamente de la mejor manera posible. Magia.

Las gracias se pagan. Perón disimuló parte de su déficit fiscal con el superávit inicial del sistema jubilatorio, que generalizó creando las cajas para empleados de industria y comercio (existían las de empleados públicos, servicios públicos, bancario, periodistas, etc.). Pero desde algún momento de la década de 1960, el sistema en su conjunto es deficitario.

No hay que ser un genio para advertir que si entre el aporte personal y la contribución patronal, a lo sumo equivalen a 27% del salario, si se quiere pagar 82% de jubilación se necesitan más de 3 que aportan, por cada uno que cobra. Quizás era así cuando se lo dispuso, durante la gestión Frondizi, pero dejó de serlo y nadie le puso el pecho a una noticia "políticamente incorrecta".

¿Resultado? Las veces que hubo que declarar "en emergencia económica" al régimen provisional, como el decreto 2.196, del 28 de noviembre de 1986. La bomba de tiempo provisional generada durante la gestión Alfonsín fue desactivada con los Bocon provisionales emitidos por Menem y Cavallo. Tal fue su magnitud, que según explicaron en 1996 Melconián y Santángelo, la totalidad del aumento de la deuda pública observado entre 1990 y 1996 se debe a compromisos devengados con anterioridad, que no estaban documentados. A partir de 2002 estamos generando una nueva bomba de tiempo.

Estoy afiliado a una AFJP, y seguiré afiliado a alguna de ellas. Mis colegas no deberían aplicar indebidamente principios económicos generales. Después de más de una década de vigencia, el sistema seguramente necesita revisión. Pero por parte de gente que quiere mejorar las cosas, no que "le tiene ganas" al sistema, pero no se atreve a destruirlo de manera explícita.

Si el Gobierno quisiera ocuparse de algo gordo en materia previsional, tendría que analizar y atacar la cuestión de la informalidad laboral y consecuentemente previsional. Para lo cual tendría que pensar, seriamente, la cuestión de los denominados impuestos al trabajo. Mientras cueste tanto hacer las cosas por derecha, habrá grandes incentivos a hacerlas por izquierda. Oportunidad que, lamentablemente, muchos están aprovechando en la Argentina.

Se vende el 50% de Transener, una empresa privatizada que transporta energía eléctrica desde las fuentes de generación hasta las redes de distribución residencial e industrial. Las acciones están en poder de Petrobrás, las quiere comprar el fondo de inversión norteamericano Eton Park, pero el Gobierno no autoriza la venta.

En rigor, el Gobierno no quiere que las compre Eton Park porque quiere que las compren ENARSA y Electroingeniería SA. La primera es la empresa fantasma que creó hace un par de años el gobierno. La segunda es una empresa privada argentina, dirigida por un militante de izquierda de la década del ‘70 con buena llegada al gobierno, que se ha beneficiado mucho del programa de obras públicas impulsado por el miniterio de Planificación Federal.

El argumento del Gobierno para oponerse al ingreso de Eton Park en Transener se funda en un dictamen del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Siguen algunos párrafos del dictamen extractados de un artículo del diario La Nación:

Los fondos son vistos como asociados a especulaciones sobre los movimientos del valor de mercado de las cuotas partes que representan el capital accionario, y alejadas del compromiso con la gestión de la actividad específica (…). Las expectativas del fondo de inversión no ponderan del mismo modo que el accionista involucrado en la actividad las vicisitudes específicas de la misma. (…) La concentración en una actividad, en este caso del transporte de energía eléctrica, difícilmente pueda dar respuesta a la disimilitud de expectativas de los dispersos aportantes de fondos genuinos que concurren a un fondo atraídos por la propuesta de riesgos diversificados. Si bien los fondos de inversión pueden cumplir los requisitos de identidad y estructura corporativa, presentan dificultad en cuanto a acreditar antecedentes sectoriales, porque su propia naturaleza les facilita cierto desarraigo. (…) El núcleo de sus negocios está constituido por la búsqueda de oportunidades para las que disponen de recursos financieros (por lo cual, existe) incompatibilidad con los tiempos del negocio del servicio público de transporte de energía eléctrica.

¿Qué significa esta jeringoza? ¿Es compatible con el principio de transparencia de los actos de gobierno? ¿Cuál es la base jurídica que habilita al gobierno a interferir en una transacción entre agentes privados (Petrobrás y Eton Park)?

Un informe de una consultora de Nueva York opina que la interferencia del gobierno argentino tiene objetivos electoralistas: mantener bajas las tarifas eléctricas a cambio de ciertas concesiones en otras áreas para las empresas involucradas. López Murphy, posible candidato a diputado nacional en las próximas elecciones, sospecha que el gobierno pretendería "favorecer a un grupo cercano a la tienda oficialista".

Cuando un gobierno privatiza puede instalar un molinete para cobrar peaje. Cuando estatiza también puede hacerlo. En general, cuando un gobierno mete la mano en la economía (regulaciones, devaluaciones, desgravaciones, subsidios) crea de inmediato la posibilidad de corrupción. Las privatizaciones compensan, al menos, este riesgo por medio de aumentos de la eficiencia económica y disminuciones del déficit fiscal. Pero las estatizaciones o las regulaciones a mansalva nos empujan al peor de los mundos: corrupción + ineficiencia + déficit. Quizá esto no suceda en Suiza pero ha sucedido varias veces en Argentina, en mayor o menor medida.

Este post forma parte de una serie dedicada a la evaluación de algunas aperturas comerciales clásicas. En esta ocasión trataré el caso japonés. Una férrea determinación nacional gobernó el caso chileno; el NAFTA jugó un papel decisivo en el caso mexicano; el rasgo distintivo del caso español fue su carácter supranacional. El de Japón, su carácter forzado. España importó instituciones en forma voluntaria de la UE; Japón las importó involuntariamente de EEUU. Pero tanto en el primero como en el segundo caso la percepción de irreversibilidad que se formaron los inversores fue tan acentuada que el crecimiento exportador y económico en general resultó fulminante (pese a grandes caídas del tipo real de cambio en ambos casos).

Para leer las conclusiones globales de la serie de posts dedicados a las aperturas comerciales, haga click aquí.

La apertura forzada de Japón

Al término de la Segunda Guerra mundial, el empobrecimiento de Japón era alarmante. El país había perdido 36% de la riqueza nacional, la producción de bienes de consumo era 68% menor que en el período 1935-1937, y la producción minera, industrial y de bienes de capital era 92% menor que en ese período. (Ávila, 1989c.) El gobierno japonés aceptó los términos de la rendición incondicional establecidos en la Declaración de Postdam, firmó el respectivo documento en el buque de guerra norteamericano Missouri, anclado en la bahía de Tokio, en septiembre de 1945, y las Fuerzas Aliadas ocuparon el país de inmediato bajo el mando del general MacArthur. (Tsuru, 1993, pág. 11.) Así comenzó un largo proceso de vasta reforma institucional, normalización y apertura económica signada inicialmente por la presión de la Autoridad de Ocupación, y más tarde por un sentimiento nacional que llevó a Japón a conformar y a adaptarse a las prácticas democráticas y comerciales del Occidente capitalista.

Por segunda vez en menos de un siglo, el país iba a experimentar un giro en redondo desde la autarquía al libre comercio, además de un impresionante crecimiento económico, no por su propia voluntad sino por la ‘diplomacia del acorazado’ (O’Rourke y Williamson, 1999, pág. 54). En 1858, bajo la presión de los buques de guerra norteamericanos, Japón viró al libre comercio y recién recobró la plena autonomía arancelaria en 1899 (Tsuru, op. cit., pág. 42). Las exportaciones aumentaron en apenas quince años de casi nada a 7% del PBI (O’Rourke y Williamson, op. cit.). Advierta el poder de un arreglo irreversible de libre comercio para reasignar recursos a favor del sector exportable de un país.

La Autoridad de Ocupación dispuso desde el mismo inicio que la responsabilidad de la reconstrucción económica quedaba en manos de los japoneses, que la ruinosa situación del país era una consecuencia directa de su propia conducta, que los Aliados no se harían cargo del costo de reparación de los daños infligidos por los bombardeos y que no garantizarían el mantenimiento del nivel de vida de la población por encima del nivel de los países vecinos que habían sufrido la agresión japonesa. (Tsuru, op. cit., pág. 11.) En sintonía con esta filosofía, en el período 1945-1948, la Autoridad de Ocupación promovió reformas radicales en materia constitucional, educativa, industrial, fiscal, sindical y agraria que el parlamento japonés aprobó. Por ejemplo, Japón renunció en su nueva constitución al derecho soberano a la guerra; se prohibió la ideología militarista y nacionalista y se alentó una educación para la vida en democracia basada en el reconocimiento del valor y la dignidad del individuo y de la libertad académica (freedom of inquiry); se fijó el objetivo de disolver los zaibatsus (grupos semi-monopólicos multi-industriales) que según la Autoridad de Ocupación habían amasado grandes fortunas apoyando las invasiones del Japón imperial; se diseñó un sistema tributario que hacía hincapié en el auto-financiamiento de las prefecturas (equivalentes a las provincias) y establecía un IVA provincial; se estimuló la formación de sindicatos fuertes y la concesión de ventajas sustanciales a los trabajadores, aunque se prohibieron las huelgas de empleados públicos y de empleados en empresas de servicios públicos, y se propició la sustitución del pago en especie del canon de la tierra agrícola por el pago monetario y la desconcentración de la tenencia de la tierra. (Ibid, cap. I.)

A diferencia de la Reforma Meiji en el propio Japón de mediados del siglo XIX y de las aperturas de Chile, México y España, en el Japón de la segunda post-guerra no actuó un equipo de cambio local, es decir, un grupo de tecnócratas nacionales sensible a la realidad política y con capacidad para debatir, proponer e instrumentar reformas. En los casos arriba citados, las reformas se debieron a iniciativas de la Autoridad de Ocupación; hubo políticos y especialistas del país que opinaron o que opusieron alguna resistencia, pero en términos generales la dirigencia japonesa se hallaba en estado de postración psicológica y/o mental (Ibid, pág. 15).

En los primeros años de la post-guerra, la intervención oficial se ramificaba a todos los mercados. Controlaba, por ejemplo, el comercio internacional y el mercado de cambios. Sólo podían importarse materias primas (alimentos y algodón) y mercaderías necesarias para propósitos amigables y exportarse las mercaderías (textiles) justas para equilibrar la balanza de comercio. La economía japonesa era virtualmente autárquica. El gasto público, por su parte, aumentaba en forma descontrolada debido a compromisos militares asumidos durante la guerra y a préstamos para la reconversión industrial desde la economía de guerra a la de paz. En 1946 la inflación anual trepó a un 370%. Sucesivos planes de estabilización fracasaban. (Avila, op. cit.) La orientación general de la política económica era estatista y socializante. En diciembre de 1947, el senador William Knowlands declaró en el Congreso de EEUU que respondía a la inspiración de progresistas irresponsables (irresponsable New Deal radicals). (Tsuru, op. cit., pág. 41.)

La creciente impresión en Washington de que el enfoque económico de la Autoridad de Ocupación era un fracaso y, sobre todo, tres sucesos internacionales produjeron un brusco giro en la política económica para Japón. La exitosa marcha de los comunistas chinos hacia el poder, las tensiones cada vez mayores entre EEUU y URSS (principios de la guerra fría) y la erupción de la guerra de Corea (que aumentó la utilidad de las islas japonesas como bases de abastecimiento militar), convencieron a EEUU de que la venganza era demasiado costosa y que lo mejor era convertir a Japón en el ‘taller de Asia’ y en un baluarte contra el comunismo. (Ibid, cap. II.)

El gran giro empezó a concretarse en diciembre de 1948, con el Programa de los Nueve Puntos, y en febrero de 1949, con la llegada a Tokio del banquero Joseph Dodge, enviado especial del presidente Truman con rango de ministro. En esencia y semanas apenas, Dodge prescribió que el déficit fiscal debía transformarse en un superávit en 1949 y que había que ordenar el mercado de cambios; también se transmitió que la política de disolución de los zaibatsus se oponía al objetivo de hacer de Japón el taller de Asia y un efectivo aliado en la guerra fría. Se fijó de inmediato el tipo de cambio en 360 yenes por dólar, luego de años de debates inconducentes, aunque el control de cambios perduró un buen tiempo; se congeló el proceso de disolución de zaibatsus, y antes de cumplirse el año el superávit fiscal superaba los pronósticos más optimistas. Se empezó a rescatar deuda pública, la oferta monetaria se redujo inicialmente y luego pasó a crecer en forma consistente con la estabilidad de precios (la inflación en 1950 descendió a un 18% anual y en 1952, a un 2%), se suspendieron los préstamos oficiales para la reconversión y se eliminaron subsidios para la industria. (Avila, op. cit.)

En abril de 1952, Japón firmó un Tratado de Paz por separado con EEUU, las Fuerzas Aliadas desocuparon el país y éste reconquistó su independencia. En este especial contexto, las relaciones internacionales se transformaron en un tema sumamente importante. La paz por separado significaba que el país había quedado abrazado a uno de los antagonistas en la guerra fría y que se había convertido en poco menos que enemigo del otro. Dado que Japón era un país demasiado pequeño o débil para tomar iniciativas internacionales, aun como un líder moral, lo más aconsejable era asumir su posición y no perturbar en absoluto la paz mundial. Tal era el interés nacional básico. (Tsuru, pág. 64.) Ese mismo año, Japón ingresó a las Naciones Unidas, al FMI y al Banco Mundial y quedó en condiciones de acceder al crédito internacional, y en 1955 fue aceptado como miembro ordinario del GATT y empezó a recorrer el camino de la liberalización del comercio exterior y de capitales por consejo de dichos organismos internacionales. Altos funcionarios y tecnócratas de Japón pensaban que la apertura era demasiado prematura, pero se impuso la idea de que constituía el precio de volver a formar parte de la comunidad de naciones. (Kikuchi, 1993, pág. 132.) El gobierno tenía bien en claro que su plan de liberalización del comercio exterior era una promesa impostergable ante la comunidad de naciones. (Ibid, pág. 134.) Lo dicho en este párrafo revela la percepción de irreversibilidad que acompañó a la apertura japonesa, y en nuestra opinión es la razón básica de su éxito global: inversión, exportación y convergencia del ingreso per cápita japonés en el nivel del ingreso per cápita norteamericano.

El proceso de apertura puede dividirse en tres etapas: 1950-1958, 1959-1970 y 1971-década de 1980. Primera etapa: Prevaleció una secuencia de decisiones de carácter esencial, propia de un país que transita de la ocupación militar a la autonomía política. En 1950 se privatizó por completo el negocio de exportación e importación y se relajaron restricciones de importación; en 1953 se abrieron oficinas de información comercial en el exterior, y en 1955, por medio del GATT, se ganó concesiones arancelarias en 17 países sobre 288 ítems y se concedió concesiones sobre 248 ítems. Como consecuencia, las exportaciones a EEUU y Canadá aumentaron en forma sustancial.

Segunda etapa: Después de sucesivos booms de inversión privada y crecimiento económico, a fines de la década de 1950 Japón completó su recuperación. Por requerimiento del FMI y otros organismos internacionales, se aceleró la eliminación de cuotas de importación (aspecto clave en una liberalización comercial) y así el grado de apertura se elevó de 41% en 1960 a 88% en 1962. Se reemplazó el método de la lista positiva de restricciones cuantitativas por el de la lista negativa, cuya ventaja reside en que los ítems no nombrados gozan de libertad plena de importación, aunque pagando el arancel correspondiente. La cantidad de ítems no liberalizados cayó de 439 en 1962 a 40 en 1970. En 1963, Japón devino miembro pleno del GATT en reconocimiento al progreso de la apertura. En 1964, abolió los estímulos impositivos a la exportación, obtuvo el status del artículo VIII del FMI pues había eliminado todas las restricciones cambiarias sobre las transacciones corrientes, ingresó a la OECD y prometió liberalizar las transacciones de capital. En 1967, permitió la inversión extranjera directa en hasta 50% del capital de 33 sectores industriales; en 1971 el número de sectores liberalizados ascendía a 700 y en 1973 sólo el 20% de la industria retenía restricciones a la IED. Por último, entre 1968 y 1971 se practicaron sucesivas reducciones arancelarias de acuerdo con lo estipulado en la Ronda Kennedy del GATT. En esta etapa se enciman los pasos más importantes de la apertura japonesa.

Tercera etapa: Después de crecer con gran ritmo durante dos décadas hasta recuperar su gravitación de potencia mundial, Japón orientó su política comercial a la lucha contra las tendencias proteccionistas que se apoderaban del mundo por el shock petrolero, la turbulencia cambiaria y la recesión mundial pero también por el entendimiento de que su prosperidad dependía de manera crucial de la convivencia y la coordinación internacional. Así, en 1972 revocó la legislación sobre el ‘compre japonés’ y redujo en 20% los aranceles de 1865 ítems; en 1973 fue el país anfitrión de la Ronda Tokio e impulsó nuevas rebajas arancelarias sobre algunos ítems antes de lo programado, y a fin de aliviar las tensiones con EEUU y la CEE por el fuerte superávit comercial que acumulaba merced a la reactivación de la economía mundial, en 1976 aceptó auto-imponerse restricciones voluntarias a la exportación que afectaron al acero y los productos textiles en la década de 1970 y a los automóviles en la de 1980. En 1982 adelantó dos años las rebajas arancelarias previstas por la Ronda Tokio; en 1983 suprimió o redujo aranceles sobre 323 ítems y en 1984, aunque sus aranceles ya eran más bajos que los de otros países, llevó a cabo una eliminación y reducción adicional sobre 44 ítems que interesaban a los socios comerciales; en forma simultánea, adelantó un año la rebaja arancelaria prevista por la Ronda Tokio y eliminó o rebajó aranceles sobre 74 ítems (entre ellos, vinos, papeles y algunos productos agrícolas). (Avila, op. cit.)

La magnitud del suceso económico japonés es bien conocida o presumida por todos. El siguiente cuadro sintetiza la evolución de la participación de las exportaciones japonesas en las exportaciones mundiales (otra forma de medir el grado de apertura) y la convergencia del ingreso per cápita japonés en el ingreso per cápita de EEUU.

El coeficiente de apertura aumentó en forma sostenida de 7.6% del PBI en 1955 a 14% a principios de la década de 1970. El aumento de la participación de las exportaciones japonesas en las exportaciones mundiales fue incluso mucho más notable, como ilustra el cuadro. En productos manufacturados y en maquinaria y equipo, la participación japonesa se ubicaba en 16% y 22%, respectivamente, en 1975. (Tsuru, op. cit., pág. 85 y 183.) Por su parte, la convergencia del ingreso per cápita japonés en el ingreso de EEUU fue, asimismo, sostenida hasta la década de 1980, cuando el ciclo de fuerte apreciación y depreciación del dólar distorsionó la medición. Cabe consignar que durante el período considerado el tipo real de cambio (o poder de compra del dólar en el mercado interno japonés) cayó más de un 80%.

España importó voluntariamente instituciones políticas y económicas de la CEE; Japón las importó involuntariamente de EEUU. En ambos casos la percepción de irreversibilidad fue tan acentuada que provocó un boom de inversión y una intensa reasignación de recursos (trabajo, capital y capacidad empresarial) desde el sector sustitutivo de importaciones hacia el sector exportable. Esta es la hipótesis que pretendemos demostrar.

Referencia Bibliográfica

Avila, J. (1989c): Japón: De la Autarquía al Libre Comercio Lenta pero Linealmente, informe no publicado.

Kikuchi, K. (1993): El Origen del Poder (Historia de una Nación Llamada Japón), Editorial Sudamericana.

O’Rourke, K. y J. Williamson (1999): Globalization and History. MIT Press.

Tsuru, S. (1993): Japan’s Capitalism: Creative Defeat and Beyond. Cambridge University Press.

Hace 30 años que uso a diario las estadísticas que produce el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y jamás dudé sobre la confiabilidad de sus datos. Siempre defendí la integridad de la institución cuando la gente de la calle me expresaba su desconfianza sobre la veracidad de índices como el de inflación o el de desempleo. Pero desde la grosera intervención que sufrió la semana pasada, me resultará difícil volver a defender la integridad del INDEC.

Las empresas de medicina prepaga aumentaron sus tarifas un 22% en enero (o bien un 2% más copagos). La directora del INDEC que se encarga del cálculo del índice de precios al consumidor decidió computar el aumento de 22%; de esta manera, el IPC iba a arrojar un aumento cercano a 2% en enero con respecto a diciembre. El gobierno, sin embargo, sostenía que lo correcto era computar un incremento de 2%, enfoque que iba a arrojar una inflación de 1.3% para enero. La directora y el secretario de Comercio Interior, el tristemente célebre Guillermo Moreno, no se pusieron de acuerdo; Moreno, entonces, echó a la directora y puso en su lugar a una amiga. Ayer, a las 18:00, dos hora después del horario prefijado, el INDEC anunció que la inflación del mes fue igual a 1.05%. Mucha gente indignada por lo que interpreta como un atropello me paró en la calle para expresarme su desconfianza respecto de los datos que publique el INDEC de ahora en adelante.

El INDEC es, según evaluaciones internacionales, el mejor de su género en América latina. Por la cobertura de la información que recolecta y procesa, la prontitud con que publica los resultados, la frecuencia de las series y el escaso margen de error de sus datos. Se ubica entre los mejores 30 ó 40 organismos oficiales de estadísticas del mundo. Esta intervención, que por su carácter burdo y pueril recuerda el caso Gerez, comporta un grave daño institucional. Si el Gobierno no corrigiera en forma convincente su actitud en este área, los dueños de inmuebles de alquiler, los tenedores de bonos indexados, los asalariados y otros tantos agentes económicos mirarán sus datos con creciente escepticismo. El escepticismo, el descreimiento y la incertidumbre tienen un costo. Los propietarios, los inversores, los asalariados, entre otros, pasarán a exigir una prima de riesgo a la hora de renegociar sus contratos. Esta nueva prima de riesgo trabará las transacciones y nos hará más pobres de lo que somos. Todo por una tontera; por no asumir la realidad. (Para leer sobre el escándalo, haga click aquí, aquí y aquí.)