De acuerdo con su Constitución, la organización política de la Argentina es republicana, representativa y federal. Eso dice la teoría que inspiró Alberdi. Así se practicó alguna vez. Pero ese orden político dejó incluso de ser una aspiración desde la crisis de 2001-2002.
Que no es republicana ni federal lo comprobamos a diario. Los diputados y senadores nacionales no responden a quienes los votaron en las provincias. En virtud del sistema de la lista sábana y del unitarismo fiscal, son empleados del kirchnerismo gobernante. El unitarismo fiscal tiene doble origen: a) un régimen de coparticipación de impuestos por el cual una provincia importante como Córdoba cubre apenas 36 centavos de cada peso que gasta con recursos que ella misma recauda y 64 con fondos que recibe cada día de la Nación, y una pobre como Formosa cubre la misérrima cifra de 3 centavos con fondos que ella misma recauda y 97 con fondos que le gira la Nación; b) la delegación de facultades extraordinarias (los "superpoderes") del Congreso al Poder Ejectivo para crear impuestos (las retenciones) por su cuenta y para gastar plata sin rendir examen. Los superpoderes han aumentado los fondos a disposición del Presidente de la Nación, y el Presidente los emplea para reforzar la dependencia financiera de las provincias así como de los municipios del Gran Buenos Aires y de paso convertir a los gobernadores y los intendentes en mendigos del poder central. A nadie le interesa ya la eficiencia del gasto provincial, un viejo tema de los ‘90. Lo único que importa es el riesgo de asfixia financiera; ante el peligro de una pueblada por falta de plata para pagar los sueldos a principios de mes, los gobernadores han perdido el orgullo. Son federales del pico para afuera. El Congreso, en suma, se ha convertido en una escribanía, en una oficina para convalidar las decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
De paso, cabe preguntarse ¿es independiente el Poder Judicial? Armando Ribas, aquel conocido economista y escritor político cubano-argentino que condujo hasta hace un par de años un programa en el desaparecido e interesante canal Política & Economía, tenía por costumbre repetir que si la independencia del Poder Judicial se hubiera preservado en ocasión del golpe de estado de 1930 el daño institucional habría sido mucho menor. Tal la importancia del tema.
Tampoco la organización política actual es representativa. Ya que el pueblo, y no sus representantes, es quien delibera. El pueblo delibera en los costados de las rutas, se manifiesta por medio de la acción directa (cortes y escraches), vive en estado de alerta y movilización. ¿Para qué hemos elegido, entonces, a los diputados y senadores? ¿En qué conflicto median ellos? La función de los legisladores es representar al pueblo y en su lugar debatir y aprobar o no los impuestos y el presupuesto.
Y como si la confusión de roles institucionales fuera poca, los dirigentes rurales en paro proponen ahora que se deroguen las retenciones (algo muy deseable) y que el Estado recaude en su lugar el impuesto a las ganancias. Dicen con buen criterio (De Angeli me sorprende por su inteligencia) que este tributo es mejor porque se coparticipa y porque no se paga cuando hay pérdidas. Por cierto, una reforma tributaria en tal sentido sería un gran avance. Pero adviertan la contradicción: el conflicto agropecuario se debe a las altas retenciones y también a las prohibiciones de exportar carne y trigo. Sin embargo, el campo (dirigencia y chacareros) pide federalismo y no se acuerda del libre comercio. Ni siquiera el sector que debería ser el abanderado de la apertura comercial lo entiende así. Los TLCs firmados o por firmar por tantos países hermanos de América latina para el campo no significan nada. ¡Necesitamos 1000 Alberdis para salir adelante!




