La revista The Economist trae esta semana un artículo que, en el contexto de continua embestida contra la libre empresa y la propiedad privada que caracteriza al gobierno kirchnerista desde 2003, es ya una nota de color. El célebre semanario británico comunica que dejó de confiar en el índice de inflación que calcula el INDEC. Señala que hace largo tiempo que la tasa de inflación del INDEC es menos de la mitad de las tasas que calculan las consultoras privadas y los gobiernos de las provincias y de las que arrojan las encuestas de expectativas de inflación de la población.

     Tomado de Ambito Financiero (24/2/2012)

Pero al prescindir de los datos del INDEC The Economist tenía que encontrar una fuente de información confiable; es decir, un proveedor veraz, preciso y permanente del dato de la inflación argentina. Un consultor argentino ofreció suministrárselo cada mes. The Economist prefirió agradecer el gesto y buscar otro proveedor. La revista consideró la posibilidad de recurrir a los datos que publican los gobiernos provinciales. Pero llegó a la conclusión de que podían no ser un permanentes.

¿Qué hacer, entonces? The Economist necesitaba ese importante dato para completar el Outlook estadístico semanal que publica hace muchos años en las últimas tres páginas de la revista y que muchos economistas seguimos para ilustrarnos sobre el estado de la economía y las finanzas del mundo. The Economist decidió contratar los servicios de PriceStats, una empresa con sede en Arizona, EEUU, que calcula el costo de vida en Argentina sobre la base de transacciones de Internet. PriceStats produce estadísticas del costo de vida de varios países. (Note que la variación de este índice es igual a la tasa de inflación.) Agrega The Economist que se verifica una alta correlación entre las tasas de inflación que calcula PriceStats y las tasas oficiales de Brasil y de Venezuela. Esto significa que deberíamos prestar buena atención al dato de inflación que el semanario inglés empieza a publicar.

La solución que encontró The Economist es aleccionadora en dos sentidos. Por una parte, es una muestra elocuente del alcance de la globalización, que ya empieza a denunciar el macaneo institucional. Por otra, es un ejemplo vivo de lo que entendemos por importación de instituciones. The Economist considera que PriceStats es un proveedor confiable porque tiene su sede fuera de la jurisdicción argentina. A diferencia del consultor privado y los gobiernos provinciales, no puede ser amedrentado por el gobierno argentino.

Las empresas del Estado son fuente de ineficiencia, déficit fiscal y corrupción. A partir del desastre del FFCC Sarmiento el pasado 22 de febrero, debo agregar la inseguridad (la muerte) a la lista de males que acarrea el capitalismo de Estado, si bien podría argumentarse que el desastre del Sarmiento es una forma terrible de ineficiencia. Entre otros observadores, he dicho esto muchas veces (uno, dos), y mucho antes que yo lo dijeron con meridiana claridad Friedman y Von Mises.

La empresa estatal es intrínsecamente ineficiente, deficitaria y corrupta porque maneja capital y trabajo pero no dispone de capacidad empresarial. Le falta uno de los tres recursos fundamentales en la producción. La capacidad empresarial es el servicio que presta el dueño de la empresa. Como la empresa estatal pertenece a todos los ciudadanos que residen dentro de una cierta jurisdicción, en los hechos la empresa no pertenece a nadie. No tiene dueño. Nadie se preocupa realmente por asignar eficientemente sus recursos de capital y trabajo a fin de maximizar sus beneficios. Cada tanto puede aparecer un gerente que tome los intereses de la empresa como propios. Pero a la larga prevalece su condición de tierra de nadie, no muy distinta a la de plazas y rutas abandonadas a la buena de Dios.

La causa última del desastre del FFCC Sarmiento es la virtual estatización del sistema ferroviario en 2003. Los responsables últimos de los 51 pasajeros que murieron y de los 700 que resultaron heridos son el matrimonio Kirchner, el ministro De Vido, los secretarios de transporte público desde entonces a la fecha y, por supuesto, los empresarios Cirigliano, que están a cargo de la concesión del tren. Aunque cabe consignar que la aparición de empresarios de la calaña de los Cirigliano es inevitable cuando se monta un sistema oscuro y arbitrario de subsidios a través de fondos fiduciarios, como el que montaron y sostuvieron hasta el día de la fecha el expresidente Kirchner, la presidente Kirchner y el ministro De Vido.

La causa del desastre es el populismo kirchnerista. La economía kirchnerista es inclasificable. Podría definírsela como un capitalismo de amigos cuyas reglas cambian según los vientos políticos o desastres como el que comento, hasta desembocar en abruptas estatizaciones en medio de una nube de corrupción. La economía kirchnerista no es socialista; por cierto, es menos eficiente y bien intencionada que los ejemplos clásicos de la socialdemocracia europea.

Póngase por un momento en el lugar de Cirigliano. ¿Cómo hubiera actuado como concesionario de trenes bajo el gobierno kirchnerista? Frente a un aumento acumulado del costo de vida de 400%, el gobierno le congela la tarifa del servicio que presta. El gobierno avala aumentos salariales que superan incluso aquel porcentaje y usted debe seguir la corriente. El gobierno mantiene la propiedad de locomotoras, vagones, estaciones y edificios; también planifica inversiones. El gobierno no le renueva el contrato de la concesión. El gobierno compensa el déficit operativo de la empresa con un subsidio. Para ajustar el subsidio a la suba del costo de vida y para que éste llegue puntualmente, usted debe peregrinar todos los días a la oficina del ministro De Vido, ponerse a su servicio, prestarle, sin que se ofenda, su avión, yate o departamento en París. Todo su negocio está en el aire. ¿Considera que la empresa es suya? Qué va. Usted es apenas un administrador que cobra boletos, paga sueldos y repara menudencias. ¿Cómo cabe esperar que actúe Cirigliano o cualquier otro? Reparando lo menos posible, coimeando a los funcionarios clave e invirtiendo el excedente en una cuenta bancaria lejos de la garra del gobierno o de una revuelta que destruya sus bienes. Cirigliano ha actuado lógicamente. No es mi intención justificarlo. No se me escapa que un empresario decente no consideraría la posibilidad de meterse en semejante negocio. Sólo pretendo explicar que la intervención estatal conduce a estos resultados.

Desde el miércoles 22 por la noche se discute en la TV el desastre del FFCC Sarmiento. Los panelistas y entrevistados están bien informados. Creo que tienen buenas intenciones. Quieren una solución. Y parece que ya la han encontrado: ¡más estado y menos mercado! Algunos trasnochados llegan al límite de echarle la culpa del desastre al ‘Estado Gendarme’ que se habría inaugurado en la década de 1990. Creen, o quieren creer, que la empresa siniestrada es privada con todas las letras por el mero hecho de llamarse TBA en vez de FFCC del Estado Argentino.

El problema económico argentino, del cual el desastre del Sarmiento es una de las tantísimas consecuencias, es la inobservancia del derecho de propiedad y el contrato. Aprendamos de una buena vez a respetarlos. La política de ferrocarriles (y de servicios públicos en general) del próximo gobierno debería tener en cuenta estas consideraciones:

1º Negociar la concesión por un plazo tan largo como sea necesario para que la empresa pueda recuperar la inversión en locomotoras, vagones, estaciones, vías, señales, administración y entrenamiento de personal.

2º Por medio de una justicia independiente y una policía no política, asegurarle a la empresa que el contrato entre ella y el Estado es una promesa jurídica creíble, que las tarifas podrán ajustarse por inflación, los polizontes se podrán expulsar de los vagones y los intrusos u okupas se podrán desalojar de las estaciones y los espacios asignados por contrato a la empresa concesionaria.

3º Establecer tarifas que cubran el costo operativo más los gastos de inversión, más una ganancia acorde con la tasa internacional de beneficios más la prima de riesgo-argentino.

4º Regular a la empresa ferroviaria pues tiene poder monopólico. Sin olvidar que la competencia de ómnibus, motocicletas y otros medios privados fija un límite a dicho poder monopólico. No minimizar ni siquiera por un instante la posibilidad de que los dueños de la empresa coimeen a reguladores, secretarios, ministros y al mismo presidente de la Nación.

En el primer semestre de 2006, transcurridos tres años en el poder, se podía comprobar la vocación estatista del gobierno kirchnerista (post 1, post 2). Hoy, luego de nueve años en el poder, que para un disidente equivalen a una eternidad, se la puede certificar. La estatización del sistema de AFJP; los bloqueos de exportaciones y en los últimos meses también los de importaciones; el control de cambios, no por ley o decreto sino por teléfono, como hacen los mafiosos; la prohibición de ajuste por inflación de las tarifas de las empresas privatizadas de servicios públicos tras una década de congelamiento, y la sempiterna hostilidad hacia los bancos, que esta vez se puso de manifiesto en la prohibición del giro de utilidades al exterior, son algunos de los hitos de una secuencia de violaciones de la propiedad y la libre empresa, que se suman a las perpetradas hasta 2006 y que la sociedad argentina ha aceptado mansamente.

Hasta la semana pasada, el gobierno kirchnerista amenazaba reestatizar YPF. Esta semana declaró que no tiene vocación estatista pero que apoyará a los gobernadores cuando decidan no renovar concesiones de áreas en sus provincias por el incumplimiento de planes de inversión en exploración y explotación por parte de las empresas petroleras.

Las empresas de distribución de electricidad Edenor y Edesur, que deben afrontar aumentos salariales de hasta un 30% este año, sobre los ajustes de acuerdo con la inflación real verificada desde la salida de la convertibilidad, y que deben seguir invirtiendo para evitar cortes de energía, habrían tomado la riesgosa decisión de dejar de pagar el suministro de energía de la mayorista Cammesa. ¿Qué decisión tomará la Sra. Cristina? ¿Optará por fiarles el suministro de energía a las empresas distribuidoras en vista de que Cammesa es una empresa mixta? ¿Optará por forzar a los dueños principales de Edenor y Edesur a seguir trayendo dólares del exterior para sufragar el explosivo déficit operativo de las empresas? ¿Optará por estatizar las empresas?

Las tres preguntas son la misma pregunta reformulada de distinta manera. Los grandes accionistas de Edenor y Edesur han puesto, mes a mes, mucha plata de sus bolsillos para que las empresas sigan operando, con la expectativa de que la reelección de la Sra. Cristina abriera la posibilidad de un ajuste tarifario. Pues bien, las tarifas se ajustaron en forma abrupta pero ni un peso ha ido ni irá a las empresas. Edenor y Edesur tendrán que seguir dándose por contentas con sus ingresos atados a tarifas congeladas. Si el gobierno no les fía la electricidad mayorista, es probable que las empresas le tiren las llaves sobre el escritorio. Si el gobierno nacionaliza de hecho las empresas, cargará con la grave responsabilidad del suministro de la electricidad a la población, correrá el riesgo de descrédito político en caso de cortes de electricidad, y más que seguro aumentará el déficit fiscal (vean si no lo que pasó con Aerolíneas Argentinas; volvió a quedar cautiva de los pilotos y las azafatas y el déficit operativo vuela).

Desde el abandono de la convertibilidad, el dólar ha aumentado un 400%, los salarios cerca de un 500%, el costo de vida entre un 400% y un 500%, las tarifas y aranceles de todo tipo también han aumentado más o menos en esa proporción. ¿Por qué retorcido motivo el ajuste no llega a las empresas de luz y gas? ¿Por qué sacrosanta razón no pueden ponerse a tono las tarifas del transporte público? La situación de las empresas privatizadas de gas es tan desesperante como la que afecta a las eléctricas. En cuanto al estado de los trenes, todo lo que se diga es poco. El subsidio es creciente, la inversión en mantenimiento es mínima (olvidémonos de mejoras del servicio) y los pasajeros ya empiezan a no pagar el boleto, tal como en tiempos del presidente Alfonsín. No hay guardas en los vagones; los molinetes están liberados; las boleterías a menudo están cerradas y las máquinas que venden boletos no funcionan.

Lo que aquí cuento, así como el altísimo riesgo-país (a pesar de que la deuda pública en manos privadas es realmente baja), la elevada inflación, la ausencia de crédito, el gasto público insostenible y la pérdida de importancia del país en el mundo (PBI, exportaciones), también son parte de la economía kirchnerista. Cuando escuchemos los cantos de gloria de la Sra. Cristina y los aplausos de sus adláteres, no olvidemos poner en la balanza estos costos hasta ahora pasados por alto.

Sigue un intercambio de opiniones que mantuve recientemente con Flavio, un joven colega. Para Flavio es importante la estabilidad del valor de la moneda que asegura un tipo de cambio fijo, el patrón oro o una moneda de reserva adoptada como propia, pero le corroe una duda sobre las consecuencias macroeconómicas de este tipo de arreglo monetario sobre la "competitividad". Esta palabrita, tan usada por periodistas y políticos, es un dolor de cabeza para los economistas bien formados. Tiene sentido microeconómico pero no macroeconómico. Una empresa o un sector industrial pueden ser más o menos competitivos. Sin embargo, hablar de ventajas competitivas en relación con un país carece de sentido económico. Un país tiene ventajas comparativas. Por caso, la economía argentina tiene ventaja comparativa en la producción de soja y desventaja comparativa en la de autos. No tiene, ni podría tener, ventaja comparativa en todo.

Flavio: ¿Cómo se puede resolver la baja de salarios nominales bajo patrón oro ante problemas de competitividad o de ajuste macro sin tener ahora la llave que brinda la devaluación? Creo que este es el segundo problema que debe sortear el patrón oro para establecerse como alternativa creíble. (Aclaración: el primer problema es el del prestamista de última instancia.)

Respuesta: ¿Por qué pensás que el salario debería bajar? ¿Por una recesión? Si la recesión se debiera a una contracción de la demanda agregada, como ocurre normalmente, la solución no estriba en una baja del salario sino en una reducción de la incertidumbre. Y si la recesión se debiera a un shock de oferta que se cree permanente, ¿no es mejor que caigan los salarios de los sectores afectados en vez de elevar (vía devaluación) el nivel general de precios?

Cuando el mercado sabe que por regla no se devalúa, la tasa de interés se mantiene baja y se restablece el ingreso de capitales mucho antes. Esto contribuye a mantener la demanda agregada elevada.

F: Comparto plenamente con usted los puntos de su respuesta. Sucede que la rebaja de salarios en dólares siempre es vendida como solución de corto plazo ante salarios nominales rígidos a la baja, ya sea en los sectores afectados como en los no afectados por un shock, y ante una tasa de interés que no actúa, de nuevo en el corto plazo, como determinante de la inversión. Con lo cual, la flexibilidad que brinda el tipo de cambio flexible es mostrada no sólo como la solución sino como un instrumento de rápida corrección de los desequilibrios.

Mi punto es que si queremos vender como alternativa al tipo de cambio fijo -como contexto de estabilidad monetaria y cambiaria-, bajo algún patrón cambiario (dólar, oro o canasta de monedas) más una regla de disciplina fiscal que impida la emisión (estoy hablando a nivel mundial), ¿cómo se corrigen los salarios si, como en el caso europeo, a los problemas de deuda (pública y privada) y déficit fiscal se le suma el de baja competitividad?

R: El punto es identificar el principal determinante del nivel de actividad. Si este fuera la prima de riesgo-país, entonces la solución no consiste en rebajar el salario sino en bajar la prima, es decir, recrear las condiciones de certidumbre. Tal es el caso en Grecia o en España actualmente y en Argentina históricamente.

Otra sería la situación ante un shock permanente de oferta (una caída de los términos de intercambio; por ejemplo, del precio de la soja a u$s 200 por tonelada para siempre). Aun en este escenario creo que una deflación es menos dañina para el crédito del país que una devaluación y la consecuente inflación. Cuando se devalúa por un motivo equis se termina devaluando por cualquier motivo.

F: Le respondo a cada uno de sus puntos:

a) Ud. dice: "El punto es identificar el principal determinante del nivel de actividad. Si este fuera la prima de riesgo-país, entonces la solución no consiste en rebajar el salario sino en bajar la prima, es decir, recrear las condiciones de certidumbre. Tal es el caso en Grecia o en España actualmente y en Argentina históricamente".

Mi opinión: si suponemos que Grecia no abandona el euro, la elevada prima de riesgo-país procede de los enormes ratios deuda/PBI, déficit en cuenta corriente/PBI y déficit fiscal/PBI. En este caso, un default organizado (me parece que una re-estructuración de la deuda alargando plazos y dejando su VAN inalterado hoy no es posible, por el tamaño de la misma) reduce el primero y el tercero (por la baja en el pago de intereses + amortización de deuda). Lo antes mencionado debe ser realizado de tal forma que sean sustentables para bajar el riesgo país a través de una quita importante, y requiriendo de algún mecanismo -no son muchos bajo un patrón monetario duro como la pertenencia al euro- que reduzca el déficit en cuenta corriente, como podría ser una baja concertada de salarios en los sectores no transables y/o con menor competitividad para el equilibrio comercial. Ambas medidas bajarían el gasto interno, reducirían el riesgo-país, mejorarían las cuentas públicas y se reduciría el desequilibrio comercial, con lo cual -creo- se acotaría la recesión que debe sobrevenir a semejante contexto de ajuste fiscal, de deuda y comercial. ¿Qué opina usted?

R: Opino que tu respuesta es confusa. Si la reestructuración de la deuda griega fuera efectiva, la prima de riesgo-griego disminuiría y el capital financiero dejaría de salir o empezaría a entrar. En cualquier caso, el déficit de cuenta corriente aumentaría con respecto a la situación actual. Menor riesgo-país causa mayor déficit o menor superávit de cuenta corriente. Esta última variable es endógena. La variable exógena es el riesgo-país, en el sentido de que depende de percepciones del mercado financiero internacional.

Vuelvo a la cuestión salarial. ¿Por qué debería reducirse el salario griego medido en dólares si Grecia empezara a recibir capital o dejara de expulsarlo?

b) Ud. dice: "Otra sería la situación ante un shock permanente de oferta (una caída de los TOT). Aun en este escenario creo que una deflación es menos dañina para el crédito del país que una devaluación y la consecuente inflación. Cuando se devalúa por un motivo equis se termina devaluando por cualquier motivo."

Mi opinión: insisto en mi punto: ¿Qué pasa si la deflación no baja los salarios nominales ante un reacomodamiento permanente -a la baja- en los términos de intercambio? Soy un enemigo acérrimo de la devaluación pero hay que reconocer que cuanto más demore el proceso de ajuste de precios nominales, particularmente en el sector de los bienes no transables -y, con ello, el gasto público-, más se deslegitima la deflación como medida natural de corrección por parte de los mercados. Supongo que usted sigue opinando lo mismo que antes pero me gustaría conocer su feed-back.

R: Ante una caída permanente de los términos de intercambio, la curva de oferta de bienes transables se corre a la izquierda en el plano que tiene al tipo real de cambio en el eje vertical y a la cantidad de bienes transables en el eje horizontal. Sube, entonces, el tipo real de cambio para preservar un cierto desequilibrio comercial (proxy del saldo de cuenta corriente). Pero una suba del tipo real de cambio es una baja del salario medido en dólares. En Argentina el tipo real de cambio subió un 11% entre 1998 y 2001, con poco desempleo adicional. No es poca cosa. En un país mucho más abierto al comercio internacional como Grecia, la suba de equilibrio frente a una caída permanente de los términos de intercambio seguramente es bastante menor. Si la economía argentina exportara 35% de su PBI en vez del 10% de la década de 1990, la suba de equilibrio del tipo real de cambio (o caída de equilibrio del salario nominal) sería bastante menor (esta hipótesis aún no ha sido demostrada). El esfuerzo deflacionario sería mayor para una economía cerrada. El proteccionismo tendría entonces consecuencias letales sobre la estabilidad monetaria. Por un lado, crea un poderoso lobby devaluacionista para el cual la devaluación es la fuente primordial de ganancias, y por el otro, hace que el ajuste de la cuenta corriente sea demasiado costoso y políticamente impracticable sin devaluar. La protección de la industria ha vuelto al país más propenso a la devaluación.